El presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, Sergio Javier Medina Peñaloza afirmó que el Poder Judicial de la entidad realiza esfuerzos para fortalecer su modelo de gestión penal -materia que representa cerca del 10 por ciento de los asuntos que atiende esta institución- y beneficiar a la ciudadanía, por lo que agradeció la oportunidad que brindó el Poder Judicial de Guanajuato para conocer la operatividad de su sistema de gestión. Ante el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia de dicha entidad, Miguel Valadez Reyes y acompañado de magistrados, integrantes del Consejo de la Judicatura y directores de áreas técnicas, Medina Peñaloza reconoció la hospitalidad y disposición de las autoridades judiciales guanajuatenses para contribuir a la impartición de justicia.
Por su parte, Valadez Reyes agradeció el interés del Poder Judicial mexiquense para conocer cómo opera el Sistema Penal Acusatorio con el afán de mejorar esta dinámica de administrar justicia de manera pronta y expedita; además señaló que las innovaciones que se han emprendido permiten optimizar la forma en que se atiende al público.
En el segundo día de actividades, la delegación mexiquense acudió a la sede del Consejo del Poder Judicial donde el magistrado Héctor Tinajero Muñoz y el juez de control Francisco Javier Méndez García realizaron por separado una presentación acerca de cómo opera el sistema de gestión penal en el Poder Judicial del estado de Guanajuato.
En este sentido, el magistrado Tinajero Muñoz explicó que a partir de la implementación del sistema de gestión, el número de apelaciones redujo sensiblemente, pues de las 3 mil 906 que atendieron en 2011 en lo que va de 2017 han atendido mil 262; lo cual se ha logrado a través de una homologación de agenda y criterios en todo el estado, lo cual ha reducido las cargas de trabajo y ha potencializado los recursos.
El juez Méndez García expuso que las notificaciones judiciales se realizan vía correo electrónico y con el uso de la firma electrónica, lo que evita que el juez firme acuerdos de manera presencial para que los procesos judiciales sigan su trámite sin mayor obstaculización, con lo cual se genera un ahorro de tiempo.