El diputado Edgar Armando Olvera Higuera, en nombre del Grupo Parlamentario de PAN, presentó ante el Pleno de la 60 Legislatura un exhorto al titular del Ejecutivo Federal para replantear que la rectoría de los refugios para mujeres en situación de violencia extrema no sea solo de la Secretaría de Gobernación y considerar la permanencia, consolidación y asignación de subsidios a los refugios operados por las organizaciones de la sociedad civil.
El punto de acuerdo, elaborado también por las diputadas Ingrid Krasopani Schemelensky Castro y Brenda Escamilla Sámano, también establece que se exhorte al presidente de México para que a través de la Secretaría de Gobernación se entable un diálogo con las organizaciones de la sociedad civil que operan los refugios para trabajar conjuntamente en favor de las víctimas, así como otro exhorto a la Auditoría Superior de la Federación para que realice las investigaciones pertinentes a fin de determinar si existe alguna irregularidad en la que hayan incurrido estas organizaciones en el manejo de los subsidios y se actúe conforme a derecho.
Al recordar que la creación y operación de los refugios surgió como una de las principales aportaciones de las organizaciones de la sociedad civil para proporcionar protección a las mujeres víctimas de violencia familiar y como respuesta a la impunidad, agravios y falta de mecanismos jurídicos que garanticen y respeten los derechos de los mujeres, el legislador lamentó que el Gobierno Federal haya anunciado que la rectoría de los refugios pase a manos de la Secretaría de Gobernación, replicando así el modelo de Puerta Violeta, modelo de refugio de atención para mujeres implementado en Escobedo, en Nuevo León.
“Este modelo solo ha sido aplicado durante seis meses en contextos y realidades diferentes a las demás entidades federativas. Puerta Violeta no ofrece a las mujeres y a sus hijas e hijos que se encuentran en situación de violencia extrema protección adecuada, pues se conoce su ubicación y eso atenta contra la salvaguarda y la protección que se requiere, incumpliendo así lo estipulado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al establecer que la información de su ubicación será secreta”, recalcó.
Agregó que en la instalación del modelo Puerta Violeta no se establece el papel que desempeñarían las organizaciones civiles que operan un refugio, y que con esas acciones ponen en riesgo la vida y seguridad de más de 20 mil mujeres, niñas y niños.
Explicó que de acuerdo con el ‘Diagnóstico sobre los refugios en la política pública de atención a la violencia contra las mujeres en México’, en el país funcionan 72 refugios, de los cuales 34 pertenecen a organizaciones de la sociedad civil, cuatro a instituciones de asistencia privada y 34 son instituciones públicas.
De ese universo, 44 se articularon en la Red Nacional de Refugios, una organización de la sociedad civil que desempeña un papel de representante de los intereses de los refugios a nivel nacional, que prevé espacios para el intercambio de buenas prácticas en los procesos de atención y supervisa que los servicios sean otorgados siguiendo los principios de derechos humanos y perspectiva de género
El Estado de México cuenta con cuatro Centros de Atención y Reeducación ubicados en los municipios de Toluca, Naucalpan de Juárez, Ecatepec y Atizapán de Zaragoza.
El punto de acuerdo fue remitido a las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Seguridad Pública y Tránsito, y de Participación Ciudadana.