Por considerar que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) cuenta con la capacidad humana y material para certificar a los defensores de los derechos humanos de los municipios, su presidente, Jorge Olvera García, propuso a la 60 Legislatura estatal eliminar la disposición legal de coordinarse con otras instituciones para realizar tal certificación.
En sesión de la Diputación Permanente, que preside el diputado Francisco Rodolfo Solorza Luna (PT), la diputada Lorena Marín Moreno (PRI) dio lectura a la iniciativa, la cual recuerda que fue la 60 Legislatura la que determinó la obligación de los defensores municipales de contar, previa capacitación por parte de la referida Codhem, con una certificación en la materia para aspirar al cargo, así como el deber de la propia Comisión de certificarlos (mandato que se recoge en el Decreto 89 de octubre de 2019) recurriendo a la coordinación con otros entes públicos.
No obstante, explica la iniciativa, la Codhem cuenta con un Centro de Estudios en el tema con capacidad material, presupuestal y humana para capacitar y certificar a quienes lo soliciten sin necesidad de contar con la colaboración de otras dependencias.
Conforme al documento, remitido a las comisiones de Legislación y Administración Municipal y de Derechos Humanos, se plantea también eliminar el plazo de 180 días con que cuenta la Codhem para obtener la autorización para ser un ente certificador, ya que, explica, si bien se dio a la tarea de buscar un ente que le confiera esa facultad, no encontró en el país ninguno que lo hiciera.
La iniciativa propone, además, eliminar la disposición legal que establece, para los actuales defensores municipales de derechos humanos, la certificación con una vigencia de 18 meses, y extenderla a tres años, como sucederá con los defensores que sean designados para las siguientes gestiones locales. Sustenta esta propuesta en el hecho de que los actuales ómbudsperson deben cumplir más de 18 meses en sus cargos, por lo que certificarse ahora los obligaría a hacerlo de nuevo antes de concluir sus gestiones.
La iniciativa pide reformar las leyes Orgánica Municipal y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, así como el Decreto 89 antes referido.