- Renuncia solidaria de aguinaldos y gratificaciones de altos funcionarios.
- Habría ajuste al Poder Judicial, Legislativo y órganos autónomos.
- El recurso sería destinado a atención de salud y reactivar economía.
Toluca, Méx., a 21 de abril de 2020. La diputada Azucena Cisneros Coss y el diputado Faustino de la Cruz Pérez propusieron ante el Grupo Parlamentario, que el Gobierno del Estado de México realice una reasignación presupuestal de $18 mil 300 millones de pesos para destinarla a la atención sanitaria y económica ante la pandemia del Covid 19.
Cisneros Coss explicó el estado debe tomar las medidas necesarias que permitan mitigar los riesgos de contagio, así como brindar las atenciones médicas y hospitalarias a las personas que resulten afectadas por la pandemia que supone el COVID19.
“Los gobiernos están obligados a garantizar por todos los medios a su alcance las mejores condiciones de atención posible a la población para limitar el número de contagios, hospitalizaciones y defunciones que se estima esta nueva enfermedad pueda provocar.
Los legisladores presentaron la propuesta este día en la reunión interna de la bancada, la cual está en evaluación para que se realicen los ajustes presupuestales para disponer de recursos suficientes para hacer frente a los requerimientos médicos y hospitalarios que la emergencia sanitaria demanda en la entidad.
En el Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de México 2020, publicado el 23 de diciembre, el artículo décimo quinto transitorio establece que se pueden reasignar recursos no etiquetados al Sector Salud, en caso de contingencias médicas a efecto de atender epidemias de carácter grave, peligro de invasión de enfermedades.
Respecto a la reasignación de recursos no etiquetados del Sector Salud, se dispone de 6 mil 175 millones de pesos del Instituto de Salud del Estado de México y 9.5 millones de pesos del régimen Estatal de Protección en Salud que puede ser destinados a la contingencia.
La propuesta incluye que los 100 millones Fondo para la Atención de Fondo para la Atención de Desastres y Siniestros Ambientales o Antropogénicos se destinen a la contingencia sanitaria y para equipamiento y atención médica.
En el rubro de Asociación Público Privada del Proyecto de Rehabilitación y Conservación carretera del Sur del estado, se sugiere realizar un ajuste para reconducir recursos hacia el mejoramiento de la infraestructura médica-hospitalaria, y liberar al menos 600 millones de pesos.
De diversos programas no prioritarios en cultura, arte, conducción de políticas generales de gobierno, electoral, democracia y pluralidad, consideran ajustes por 3 mil millones de pesos; del Fondo Metropolitano 175.9 millones; Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal 1,500 mpd; reconducción de la deuda autorizada para el 2020, 6 mil mdp.
Además, plantean renuncia solidaria a aguinaldos y gratificación especial anual de mandos superiores y que podría sumar hasta 95.4 millones de pesos. Incluye cargos con sueldos de 68 mil hasta 159 mil pesos mensuales, y que corresponde a 407 plazas.
“La alta burocracia integrada por un número reducido de servidores públicos lamentablemente, ingresa altas percepciones que los sitúan en una condición de privilegio en comparación con el común de la gente que los eligió para desempeñar funciones de carácter público”, detalló la diputada Azucena Cisneros.
La bancada de Morena también establece tomar medidas de austeridad y economías presupuestales, basados en la iniciativa de Ley de Austeridad Republicana como congelar gasto de comunicación social, prohibir compra de vehículos de lujo.
Y tomar medidas de disciplina presupuestaria en ceremonias, congresos, convenciones, contratación de asesorías, estudios e investigaciones mobiliario, oficinas, y de bienes inmuebles
Para el Poder Judicial proponen un ajuste presupuestal de $393 millones de pesos y la contención del gasto en órganos autónomos por $123.4 millones de pesos, mediante el juste del 10 por ciento de su presupuesto al IEEM, Tribunal electoral, Codhem, Tribunal de Justicia Administrativa, UAEM, Fiscalía General de Justicia y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.