- Inició el Segundo Periodo de Sesiones del Parlamento Abierto para la reforma constitucional y legal.
- La ciudadanía también respaldó la iniciativa ciudadana para frenar los asentamientos irregulares.
Al iniciar el segundo periodo de sesiones del Parlamento Abierto para la Reforma Constitucional y el Marco Legal del Estado de México, la Comisión de Desarrollo Urbano y Rural, Medio Ambiente y Sustentabilidad respaldó iniciativas para sancionar de forma especial la ineficiencia y la corrupción en la administración de las zonas urbanas, frenar los asentamientos irregulares y sancionar a las empresas que viertan aguas negras en cuerpos y fuentes de agua potable.
Durante la sesión, en presencia de Mauricio Valdés Rodríguez y Rubén Islas Ramos, secretario general y secretario técnico del Sectec, respectivamente, se dio a conocer que el Parlamento Abierto sesionará regionalmente durante octubre y noviembre próximos para analizar las iniciativas que no alcancen a ser debatidas en este periodo de sesiones y para recibir más propuestas.
Bajo la presidencia de Gabriel Medina Peralta, las y los parlamentarios ciudadanos respaldaron la iniciativa de Pedro Carta Terrón para reformar la Constitución a fin de establecer, como parte del derecho a la ciudad, sanciones por ineficiencia y corrupción en la administración de las zonas urbanas, así como la propuesta de Gad Javier Valencia Aguirre para prohibir la inscripción de cualquier inmueble en el padrón catastral sin cumplir todos los requisitos con el propósito de frenar el deterioro urbano y ambiental
A su vez, Deyanira Juárez Cristino propuso reformar el texto constitucional para que el Estado asuma la obligación del abasto, promoción y uso racional del agua, así como sancionar a las personas físicas o jurídicas colectivas que al hacer uso del vital líquido pongan en riesgo el equilibrio ambiental y el derecho de la población al recurso.
Las y los parlamentarios ciudadanos también se pronunciaron por modificaciones constitucionales para que la autoridad consulte a las comunidades cuando pretenda realizar en sus territorios proyectos o megaproyectos de infraestructura, sobre todo si pueden afectar la administración y suministro de agua; que la autoridad señale los lugares donde puedan descargarse aguas negras, establezca el uso obligado de medidores y realice campañas masivas para su cuidado y uso racional, así como para la recuperación de cuencas hídricas de la zona oriente, entre otras.
También aprobaron reconocer el derecho de las comunidades urbanas y rurales a determinar su modo de desarrollo con cooperativismo, economía social, solidaria y circular, principios que deben incorporarse a la Constitución; que los municipios oferten servicios y protejan el ambiente permanentemente y ampliar las facultades del testigo social.
Asimismo, la propuesta para establecer un registro de personas maltratadoras de animales y que no puedan adoptarlos; el establecimiento de una norma oficial que señale criterios para garantizar el bienestar de los animales destinados al abasto, además de fortalecer los programas para el desarrollo sustentable dirigidos a las comunidades marginadas y rurales.
Respaldaron, además, la iniciativa para expedir planes integrales municipales de movilidad urbana sustentable y una Ley de Movilidad y Seguridad Vial y que se dé prioridad a los peatones, personas con capacidades diferentes y ciclistas, y obligue a que el casco del motociclista tenga el mismo número de la placa del vehículo, entre otros.