Lo revelado por la Auditoria Superior de la Federación en el sentido de que Pemex pagó 61% más de lo acordado a la empresa Odebrecht por la refinería de Tula, Hidalgo, solamente es la punta del Iceberg de un quebranto mucho más alto, aseguró la Secretaria General del PRD, Beatriz Mojica Morga.Informó que en los próximos días acudirán para conocer el seguimiento de las denuncias que han interpuesto sobre este caso, tanto en el INE como en la FEPADE, y reafirmó que la petición de su partido sigue siendo la misma: se castigue al PRI con la pérdida de su registro por rebasar los topes de campaña y por la vinculación de la empresa brasileña a la campaña de Peña Nieto.
“Me parece que tanto la Función Pública como la Procuraduría tienen elementos suficientes para dar resultados y se pueda castigar a los culpables por términos electorales, se trata de algo que el propio gobierno federal ha reconocido, recordemos que funcionarios de Odebrecht declararon haber acompañado la campaña de Peña Nieto y él no lo desmintió”, aseveró.
El pasado mes de agosto el PRD interpuso ante la FEPADE y el INE denuncias contra Emilio Lozoya y la posible aportación económica de la empresa Odebrecht a la campaña presidencial del entonces candidato Enrique Peña Nieto. Hasta la fecha sólo se han tenido avances en la investigación que estaba realizando el ex titular de la Fiscalía, Santiago Nieto, quien fue destituido de su cargo.
Ante esta situación, la perredista aseguró que seguirán exigiendo resultados, independientemente de la gravedad de que Nieto haya sido destituido por este caso.
“Lo que pido al Senado, independientemente de la decisión que tomó el ex fiscal, seguramente por presiones del gobierno federal de ya no recurrir para que se revisara su destitución, es que se llame al encargado de despacho de la PGR para que explique cuáles fueron las motivaciones; es un asunto que golpea directamente al sistema democrático de nuestro país”.
Por último, Mojica Morga expresó su preocupación por que el gobierno priista esté pensando en ir en contra de todas las instituciones de procuración de justicia para que en 2018 no puedan llevarse a cabo unas elecciones democráticas a fin de mantener el poder a toda costa.