Por Agustín Uribe Rodríguez
La discusión sobre el Presupuesto de Egresos 2026 no es un trámite técnico, sino una definición política sobre el rumbo del país. En medio de la transición del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a la presidenta Claudia Sheinbaum, México enfrenta un dilema que muchos países de América Latina ya conocieron: cómo mantener la estabilidad económica sin renunciar al impulso social que ha logrado reducir la pobreza y fortalecer el tejido ciudadano.
El debate actual sobre los impuestos a las bebidas azucaradas, cigarros y apuestas ha sido presentado por algunos sectores empresariales como un atentado contra el consumo o la libertad individual. Sin embargo, la evidencia —tanto nacional como internacional— muestra lo contrario. En Chile y Argentina, el aumento de gravámenes a productos nocivos para la salud ha reducido su consumo y, al mismo tiempo, generado ingresos públicos destinados a fortalecer los sistemas de salud y educación. Brasil, por su parte, mantiene una política fiscal que grava el tabaco y el alcohol con un enfoque de salud pública, mientras que Colombia, tras una larga resistencia empresarial, aprobó recientemente una reforma tributaria que incluye impuestos saludables como herramienta para reducir enfermedades crónicas y mejorar la recaudación.
México no está experimentando nada nuevo: está poniéndose al día. Lo novedoso es que, por primera vez en décadas, la política fiscal mexicana se diseña con una lógica social y no puramente recaudatoria. Los impuestos no buscan castigar el consumo, sino modificarlo; no se trata de asfixiar la economía, sino de orientarla hacia un modelo más sano y equitativo.
Pero la clave del Presupuesto 2026 no está solo en la recaudación, sino en el destino del gasto. Programas como la Pensión para el Bienestar, las Becas Benito Juárez o el nuevo Ramo 56 para el IMSS-Bienestar no son dádivas, como repiten los críticos de escritorio, sino políticas estructurales que han demostrado capacidad para sacar a millones de personas de la pobreza y fortalecer la cohesión social. En América Latina, pocos países han logrado resultados tan consistentes en tan poco tiempo. Mientras Argentina enfrenta una crisis de subsidios desordenados y Chile intenta reconstruir su red de protección social tras años de privatización, México avanza en consolidar un Estado social que no dependa del vaivén de los mercados.
Desde luego, no todo es fortaleza. La estabilidad económica es hoy una necesidad política: mantener los equilibrios macroeconómicos será la base para seguir transformando al país. De ahí que la política fiscal deba avanzar con prudencia pero sin retroceso, buscando una transición del gasto asistencial hacia el gasto productivo, y del control inflacionario hacia la inversión en infraestructura y tecnología. Brasil lo logró durante la gestión de Lula da Silva combinando disciplina fiscal con expansión social; México podría seguir esa ruta con inteligencia y visión de largo plazo.
La presidenta Sheinbaum ha planteado con claridad que la prioridad es mantener los programas sociales y asegurar su sostenibilidad. El reto será lograrlo sin caer en la tentación de una austeridad ciega ni de un endeudamiento irresponsable. En este equilibrio, el Congreso tiene una oportunidad histórica: discutir el presupuesto no como una disputa partidista, sino como una hoja de ruta hacia un Estado más justo, más eficiente y más humano.
Si algo nos enseña la experiencia latinoamericana es que los países que lograron consolidar estabilidad con inclusión —como Brasil en su mejor etapa o Colombia tras su reforma tributaria progresiva— fueron aquellos que entendieron que el gasto social no es un costo, sino una inversión. México debe seguir ese camino: corregir lo que sea necesario, pero sin renunciar al sentido de justicia que da legitimidad a su transformación.
En suma, el Presupuesto 2026 no debería verse como una contención del cambio, sino como su madurez: el momento en que un proyecto popular demuestra que puede ser también responsable, técnico y sostenible. Porque mantener la estabilidad económica no significa frenar el cambio, sino asegurar que el cambio perdure.
Por otro lado, es necesario decir que la discusión se ha enfocado en el aspecto ecónomico: gravar para consumir menos vs. aumento de impuestos a empresas; sin embargo, no van más allá en el aspecto de salud pública. En ese sentido, el gobierno federal debe reconocer que se requiere generar otras políticas públicas para mejorar la salud de los mexicanos y no sólo gravar el alto consumo de productos nocivos o impedir comida chatarra en escuelas -como en meses anteriores-.
Es necesario generar acciones diferentes para lograr ese salto cualitativo en la salud para los mexicanos, pero ese será otro tema, y en otra colaboración más adelante.