Para promover mecanismos que garanticen la transparencia y la ejecución adecuada de los recursos públicos, el diputado Reneé Alfonso Rodríguez Yánez, a nombre del Grupo Parlamentario del PAN, propuso que el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción del Estado de México proponga las reglas y procedimientos para recibir las solicitudes ciudadanas de auditorías especiales a entes públicos fiscalizables.
Con esta iniciativa de reforma a la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, explicó el diputado durante sesión del Cuarto Periodo Ordinario presidida por el legislador Nazario Gutiérrez Martínez (morena), se pretende que el CPC, con la participación de los ciudadanos y de manera coordinada con las instancias de combate a la corrupción y fiscalización, conforme y diseñe políticas públicas que generen controles, fomenten la transparencia y sancionen las conductas corruptas de los funcionarios públicos.
La propuesta planteada, detalló el legislador, es acorde a las recientes reformas a la Ley de Fiscalización Superior estatal, en las que se reconoce la incorporación de la solicitud ciudadana para la práctica de auditorías especiales, cuya recepción, análisis y aval para su procedencia al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México corresponde a la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización.
Al señalar que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de julio de 2019, tres de las cinco ciudades más corruptas del país pertenecen al Estado de México (Naucalpan, Tlalnepantla y Atizapán de Zaragoza), el diputado puntualizó que la política estatal de combate a la corrupción debe estar articulada por instituciones destinadas a combatir ese fenómeno contando con bases normativas idóneas que permitan prevenir, combatir y castigar la corrupción con eficacia y eficiencia.
El legislador llamó a reforzar el combate a la corrupción con la transformación y participación efectiva de la sociedad y la suma de esfuerzos institucionales para regresar la credibilidad al régimen político, por lo que la denuncia ciudadana adquiere una importancia mayor al implicar la creación de propuestas específicas y concretas.
La corrupción, que le cuesta a México el 10% del Producto Interno Bruto, expuso el legislador, debe ser combatida por los funcionarios de todos los niveles y sin distingos partidarios.
La propuesta de adicionar la fracción XII al artículo 21 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México, fue turnada a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción para su dictamen.
SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD DEBEN ATENDER DIABETES Y DAR GRATIS LA INSULINA
Por ser considerada una epidemia que provoca 80 mil muertes anuales en México, la atención médica a las personas que padezcan diabetes mellitus y su seguimiento, a través de un tratamiento permanente, se debe incluir entre los servicios de salud que presta el Estado, así como dotar de insulina gratuita a los pacientes que lo soliciten en los hospitales públicos, planteó el diputado Edgar Armando Olvera Higuera.
En nombre del Grupo Parlamentario del PAN, el legislador recalcó la importancia de la atención a la enfermedad, ya que, de acuerdo con la Dirección General de Información en Salud, en el Estado de México se registraron 51 mil 950 defunciones a causa de la diabetes en el periodo 2006-2010 y hubo 26 mil 31 egresos hospitalarios por el padecimiento de 2005 a 2009, con mayor afectación a las mujeres en ambos casos.
El legislador expuso que la diabetes es la principal causa de muerte en México, con 15% de las defunciones, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, además de que es la primera causa de ceguera prevenible en los adultos en edad productiva, insuficiencia renal terminal, amputaciones no traumáticas e infartos al miocardio.
“Según estimaciones actuales, en México la población aproximada de personas con diabetes asciende a entre 10 y 15 millones de personas y ocasiona 80 mil muertes anuales”, expresó desde tribuna el legislador.
La propuesta para modificar el Código Administrativo del Estado de México, la cual establece que el gobierno estatal destinará los recursos necesarios para estas acciones, fue enviada a la Comisión de Salud, Asistencia y Bienestar Social para su dictamen.