El diputado Omar Ortega Álvarez acusó al gobierno federal de promover la impunidad al obstaculizar, rechazar y denostar la labor de observadores e informes de organismos internacionales en materia de derechos humanos, por lo que exhortó al Congreso de la Unión, a instituciones autónomas y a la sociedad civil a redoblar esfuerzos para subsanar esa obstinada actitud gubernamental que agravia a la ciudadanía mexicana.
Señaló que la reciente negativa del gobierno mexicano a la visita del Relator Especial de Naciones Unidas Sobre Tortura, Juan Méndez, se suma a la de evitar la visita del Relator Especial Sobre la Situación de las y los Defensores de Derechos Humanos del mismo organismo, Michel Forst, con pretextos baladís similares.
También se añaden el rechazo gubernamental a las recientes recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las campañas de desprestigio del mismo gobierno contra los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa.
Con ello –dijo- el gobierno pretende negar una realidad que es evidente en nuestro país y contra la cual no quiere actuar -la violación sistemática de Derechos Humanos y la agresión constante a quienes se abocan a su protección-, porque desde sus mismas instancias, por ejemplo, se utiliza la tortura y otras violaciones a las garantías más elementales como “método de investigación”.
La misma Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó en su Informe de 2015 la práctica de la tortura y otros atentados a la integridad de las personas por parte de cuerpos policiacos y carcelarios, así como múltiples agresiones a periodistas y defensores de Derechos Humanos.
Lo más grave –agregó- es que como consecuencia de la actitud gubernamental hacia estos informes, observaciones y recomendaciones se suscitan y multiplican en el territorio nacional más violaciones a manos de agentes gubernamentales, como los policías que participan en desapariciones de jóvenes en Veracruz, precisamente porque ven en autoridades estatales y federales una actitud permisiva y cómplice.
Apuntó que el Estado Mexicano, como tal, debe actuar desde otros ámbitos, en el marco de la legalidad y con apoyo de los tratados y organismos internacionales de los que nuestro país es adherente, para motivar un cambio en la actitud gubernamental y evitar con ello el silencio cómplice de la violencia, y que se agrave más la situación nacional.
Recordó que desde febrero pasado se sumó a las organizaciones civiles, con una carta propia a la Secretaría de Relaciones Exteriores para conocer el estado y la agenda de la visita oficial de Michel Forst a nuestro país -quien a su vez la pidió desde principios de 2015-, sin que hasta el momento se haya programado tal visita ni respuesta al documento enviado a la Canciller.
Refirió que tanto la negativa gubernamental a la visita de Michel Forst como a la de Juan Méndez se dan a pesar de que en 2001 el mismo gobierno extendió una invitación permanente a todos los titulares de mandatos especiales de Naciones Unidas.
Ante la cerrazón, autoritarismo y complicidad del gobierno mexicano frente a la evidente y lamentable crisis de Derechos Humanos en territorio nacional, llamó a explorar otras vías –siempre en el marco de la legalidad- para contribuir a que esta situación se revierta y hacer que el respeto a los Derechos Humanos, así como la seguridad e integridad de las personas defensoras, sea una realidad.