Con el fin de armonizar la Constitución Política estatal con la del país, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la 60 legislatura mexiquense, diputada Julieta Villalpando Riquelme, propuso una reforma para establecer la responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares.
Planteada al Pleno en sesión del Segundo Periodo Ordinario que preside la legisladora Mariana Uribe Bernal (morena), la iniciativa propone que esa responsabilidad sea objetiva y directa como un derecho de los particulares a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.
Explicó que en 2004 entró en vigencia una reforma para incluir esta responsabilidad de la federación a nivel constitucional, la cual estableció que las entidades deben integrarla también en su legislación.
De tal modo que, en cumplimiento de dicha disposición, “lo procedente es someter a consideración de esta Legislatura la reforma constitucional pertinente, que para el caso del Estado de México implica la adición del artículo 130 Ter de la Constitución Política, con lo que se establece la responsabilidad objetiva del Estado, buscando con esto dar un paso decisivo para la materialización de un derecho legítimo de los gobernados” y con ello concretar el compromiso de los legisladores respecto de la creación y adecuación de leyes más justas.
La iniciativa señala que, una vez aprobada y vigente, el Estado y los municipios incluirán en sus presupuestos de egresos una partida para hacer frente a su responsabilidad patrimonial, conforme a los siguientes criterios: a) el pago de la indemnización se efectuaría después de seguir los procedimientos para determinar que al particular efectivamente le corresponde dicha indemnización, y b) el pago de la indemnización estará sujeto a la disponibilidad presupuestal del ejercicio fiscal de que se trate.
Para su análisis y dictamen la iniciativa fue remitida a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia.
PLANTEAN ABROGAR LEY PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE ABOGADOS
Por considerar que la Ley de Arancel para el Pago de Honorarios de Abogados y Costas Judiciales en el Estado de México ha quedado en desuso por los abogados desde hace ya bastante tiempo, pues establece tarifas para el cobro de sus servicios desfasados de la actualidad, la diputada María de Lourdes Garay Casillas presentó una iniciativa para su abrogación.
Enviada a las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y de Trabajo y Previsión Social, la propuesta señala que el objeto de esta ley, promulgada en 1961, era evitar que el profesionista cobrara sumas desproporcionadas por sus servicios o que el particular pagara por el mismo concepto cantidades que no correspondieran al trabajo e importancia de los servicios prestados, sobre todo cuando estos hubieran significado un trabajo arduo y de seria responsabilidad para el abogado o un aumento efectivo del patrimonio de su cliente.
Por otra parte, explicó la diputada del Grupo Parlamentario del PES, la globalización, así como lo vertiginoso de los sucesos económicos y sociales, hacen poco viable el establecimiento de un arancel para el pago de tales honorarios, máxime cuando existen una diversidad de supuestos que se pueden presentar al ejercer la abogacía, los cuales difícilmente pueden ser englobaos dentro de una norma legal.