Con la finalidad de conferir a la Comisión de Planeación y Gasto Público de la Legislatura la atribución de formular opiniones y recomendaciones en materia de remuneraciones de los servidores públicos, los integrantes de la Junta de Coordinación Política presentaron una iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento del Poder Legislativo del Estado de México.
Esta función la cumpliría con apoyo del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), respetando los principios de racionalidad, austeridad, disciplina financiera, equidad, legalidad, eficacia, eficiencia, congruencia, igualdad y transparencia, de acuerdo con la propuesta leída por el diputado Reneé Alfonso Rodríguez Yánez (PAN), secretario de la Diputación Permanente.
La iniciativa expone que esa tarea se ha venido realizando a través del Consejo Consultivo de Valoración Salarial, órgano auxiliar del Poder Legislativo, y que si bien el cargo de sus integrantes es honorífico, la operación del Consejo y la realización de las actividades encomendadas suponen erogaciones adicionales que pueden abatirse si las atribuciones relativas son asumidas de manera directa por el Congreso.
La ley establece que las remuneraciones de los servidores públicos tienen el propósito de garantizar la eficacia, eficiencia, honestidad y productividad en el desempeño de sus funciones, y deben determinarse considerando factores como la población, recursos económicos disponibles, costo promedio de vida, índice inflacionario, grado de marginalidad, productividad en la prestación de servicios públicos, responsabilidad de la función y eficiencia en la recaudación de impuestos.
La propuesta señala además que el Poder Legislativo mexiquense se ha pronunciado por impulsar normas que regulen las dietas y sueldos de los empleados públicos ajustándose a criterios de responsabilidad, equidad, transparencia y moderación, que guarden relación con el cargo que se desempeña y que contribuyan a eliminar la discrecionalidad en la asignación de las remuneraciones.
La iniciativa fue remitida, para su dictamen, a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización y de Planeación y Gasto Público.