La diputada Guadalupe Mariana Uribe Bernal, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de la 60 Legislatura, propuso la creación del Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género en el Estado de México, a fin de dar respuesta a los delitos en esta materia.
Al dar la bienvenida a las y los participantes en la mesa de trabajo “Hacia una protección Integral de los Derechos Político-Electorales de las Mujeres en el Estado de México”, la legisladora del Grupo Parlamentario de morena explicó que este protocolo también servirá de guía para las autoridades en la atención de esta modalidad de la violencia en el ámbito estatal y orientará a las víctimas acerca de lo que es y no es la violencia política, asimismo les informará sobre las autoridades a las que pueden acudir para ser atendidas.
La legisladora estableció que esta mesa de trabajo, realizada con la participación de las integrantes de la Comisión que preside y diversas instituciones públicas y privadas agrupadas en el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México (OPPMEM), busca estrechar vínculos y conocer propuestas que puedan incorporarse a la agenda legislativa en materia de equidad de género, para potenciar y garantizar la protección de los derechos político-electorales de las mujeres en la entidad.
Las diputadas del PRI, Mercedes Colín Guadarrama y Maribel Martínez Altamirano, coincidieron en la necesidad de unir esfuerzos para eliminar la violencia político-electoral por razón de género y establecer los mecanismos efectivos para abatirla.
De morena, la diputada Liliana Gollas Trejo afirmó que la violencia política se vive todos los días, por lo que propuso realizar foros en la materia en toda la entidad, principalmente en comunidades indígenas, en tanto que la legisladora Nancy Nápoles Pacheco habló sobre la importancia de la sororidad (solidaridad entre mujeres), especialmente cuando otra mujer es la que violenta, por lo que destacó la necesidad de fortalecerla para atender este tipo de violencia con capacitación y sensibilización desde los partidos políticos.
Pedro Zamudio Godínez, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), explicó que desde enero del 2017 este organismo, en conjunto con el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (Cemybs), y el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) conformaron el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México (OPPMEM) como un espacio para la coordinación y colaboración interinstitucional a fin de atender la violencia de género e impulsar el respeto a los derechos político-electorales de las mujeres.
Destacó el cumplimiento del principio de paridad de género en las elecciones del pasado julio, cuando, del registro de candidatos a los cargos a elección popular, 49.98% fue para mujeres, la Legislatura mexiquense quedó integrada paritariamente y 39 de los ayuntamientos del estado quedaron encabezados por mujeres, señaló.
En representación de Crescencio Valencia Juárez, presidente Magistrado del TEEM, Anacely Ortiz Peña presentó una propuesta para que este Tribunal cuente con una defensoría pública de los derechos político-electorales de la ciudadanía, a fin de garantizar a los mexiquenses asesoría y tutela judicial efectiva.
De la Coordinación Institucional de Equidad de Género de la Universidad Autónoma del Estado de México, y en representación del rector Alfredo Barrera Baca, Rocío Álvarez Miranda habló de la importancia de la labor legislativa en el combate a la violencia política como la estructura que le va a dar forma a la tipificación de estos delitos políticos.
Por su parte, Enma Obrador Garrido Domínguez, de la Asociación de Mujeres Abrazando a México, recordó que la participación política de las mujeres es un indicador del desarrollo humano, por lo que destacó la necesidad de destinar recursos para fomentar la capacitación con perspectiva de género en los partidos políticos.
Asimismo, Digna Diana Chávez Mejía, agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales coincidió en la importancia de la capacitación y sensibilización de los agentes de esa institución en temas de violencia política pero con perspectiva de género.
Yuritzi Castañeda Ulloa, representante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, advirtió que brindar asesoría legal y acompañamiento jurídico a las víctimas no es suficiente, por lo que sugirió trabajar también en asesoramiento psicológico y capacitaciones respecto a sus derechos; pidió, además, trabajar en una ley que respalde el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres.
A nombre de la vocal ejecutiva del Cemybs, María Isabel Becerra Ambrocio propuso capacitar a las unidades de atención y erradicación de violencia de género, a nivel estatal y municipal.
Irene Hernández, secretaria de la Asociación Indígena Mazahua Ke’gua Rerichejui (Tejiendo Equidad) A.C., pidió que las propuestas tengan visión intercultural para que incluyan a las mujeres indígenas. En representación de la directora general del Instituto Mexiquense de la Juventud, Anamely Mendieta Muñiz sugirió considerar temas como embarazo por elección y a las mujeres transexuales.
Rosario Mejía Ayala, secretaria general de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, habló de la necesidad de hacer llegar a la Comisión Legislativa de Equidad de Género las propuestas para que los proyectos del Observatorio puedan ser llevados a cabo, mientras que Alejandra Alarcón Juárez, titular de la Unidad de Género de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México pidió a las mexiquenses informarse sobre las herramientas para protegerse de la violencia política.