La diputada Mónica Angélica Álvarez Nemer (morena) propuso que sean concurrentes las elecciones de gobernador, presidente de la república, senadores, diputados locales, federales y ayuntamientos en el Estado de México, toda vez que “en la entidad no han sido homologados los procesos electorales locales con los federales, tal como lo estableció la reforma a la Constitución Política federal en 2014 y para evitar la dispersión de la atención política de los electores así como el derroche de recursos públicos en elecciones”.
La iniciativa propone un régimen de transición por una sola vez, como ya sucedió en caso del estado de Veracruz, de manera que la gestión del gobernador que se elija en 2023 duraría un año y tres meses, para que en 2024 se realice una nueva elección de titular del Ejecutivo que sería concurrente con las elecciones locales y federales.
De aprobarse la iniciativa, en lo sucesivo la fecha de inicio de los periodos del Ejecutivo estatal sería el 1 de octubre.
En sesión plenaria de la 60 Legislatura mexiquense, que preside la legisladora Azucena Cisneros Coss, la legisladora también planteó incluir en la Constitución estatal el principio de “austeridad electoral”, ya que actualmente cada seis años se tienen cuatro procesos comiciales en la entidad.
Conforme al documento, turnado a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y Electoral y de Desarrollo Democrático, la elección de gobernador desasociada de cualquiera otra genera distracción política en la población y dispendio de recursos, por lo que toca a la Legislatura adaptar el marco constitucional para optimizarlos y generar ahorros.
Sobre el principio de austeridad la legisladora explicó que el Instituto Electoral del Estado de México recibió un mayor presupuesto en 2017 (cuando hubo elección de gobernador) y en 2018 (cuando se eligieron alcaldes y diputados locales), mientras que en 2016, debido a que no las hubo, sólo recibió recursos para gastos de operación.
“Si en el pasado hubiéramos tenido ya homologada la elección de gobernador, en el 2017 se pudo haber presupuestado, sólo en los rubros de gasto electoral administrativo y financiamiento de partidos políticos, un aproximado de mil 350 millones de pesos, en lugar de los dos mil 346 millones de pesos; es decir, en 2017 se habría generado un ahorro aproximado de 996 millones de pesos”, explicó.
El principio de austeridad se aplicaría también al financiamiento de partidos políticos, topes de gastos de campaña y aportación de militantes.