La diputada Crista Amanda Spohn Gotzel presentó, en nombre del Grupo Parlamentario de morena, una iniciativa a fin de incorporar el término “innovación” en la Ley de Ciencia y Tecnología y el Código Administrativo, ambos del Estado de México,
La diputada señaló que la Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de México, aunque se refiere en diversos artículos a la innovación tecnológica, no define este concepto ni lo utiliza de manera sistemática o determina con precisión quienes son los actores facultados para establecer políticas en la materia y cuáles los instrumentos para hacerlo.
Por lo anterior, reconoció la importancia de realizar adecuaciones a esta ley para, a través de una reforma integral, fortalecer los programas en materia de innovación, promover de manera más eficaz los vínculos entre las instituciones y centros de investigación científica y desarrollo tecnológico con los sectores productivos y de servicios, establecer un sistema de incentivos para la participación de los académicos en programas productivos y robustecer las políticas en materia de propiedad intelectual y normalización.
Como antecedente, Spohn Gotzel mencionó que el 12 de junio de 2009 se publicó el decreto en el Diario Oficial de la Federación por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a la Ley de Ciencia y Tecnología federal, para insertar el término “innovación”.
Precisó que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) refiere que la ciencia, la tecnología y la innovación son elementos centrales para el desarrollo de sociedades del conocimiento sostenibles, y un importante motor de crecimiento económico y desarrollo social, además de que el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 señala que la innovación se ha convertido en uno de los principales motores del desarrollo económico sostenido.
La iniciativa fue remitida a la Comisión Legislativa de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, para su análisis y dictamen.
PROPONE BERNARDO SEGURA QUE EL 8 DE MARZO SEA NO LABORABLE
PARA TRABAJADORAS DEL SECTOR PÚBLICO
El diputado Bernardo Segura Rivera (PT) propuso un punto de acuerdo para que el 8 de marzo, fecha en el que se celebra el Día Internacional de la Mujer, sea día no laborable para las trabajadoras del sector público de la entidad.
La propuesta presentada en sesión del Segundo Periodo Ordinario solicita a los titulares de las de las instituciones públicas o dependencias facultados para ello dar a conocer esta fecha en el calendario oficial de días de descanso obligatorio y de vacaciones del próximo año.
El legislador recordó que los trabajos de la 60 Legislatura se han caracterizado por velar los intereses de la ciudadanía y en particular de las mujeres, por lo que reconoció el desempeño de las diputadas y los diputados. La propuesta fue remitida para su dictamen a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EVALUADOR DE LA POLÍTICA SOCIAL
El Grupo Parlamentario del PRD presentó una iniciativa que reforma la Ley de Desarrollo Social del Estado de México, para dotar de autonomía al Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social, así como delimitar sus funciones y su integración.
Al dar lectura a la propuesta, el diputado Ortega Álvarez explicó que el Consejo fue creado con la finalidad de evaluar las políticas y acciones en materia de desarrollo social, así como promover la investigación y la evaluación de las políticas públicas y programas encaminados a combatir la pobreza; sin embargo, aseguró, tiene una serie de limitantes.
Por lo anterior, destacó la importancia de una reforma que permita dotarlo de autonomía y que no esté integrado únicamente por representantes del gobierno estatal, sino también por representantes de las organizaciones de la sociedad civil y de la academia.
La reforma del artículo 54 de la ley busca establecer que la evaluación de la política estatal de desarrollo social este a cargo “del Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social, que será un organismo público descentralizado de carácter estatal, con autonomía técnica y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propio”.
También, que los consejeros serán designados por mayoría calificada de la Legislatura mediante convocatoria pública y sustituidos de manera escalonada; que deberán acreditar el haberse desempeñado como investigadores académicos y contar con amplia experiencia en la materia de desarrollo social y combate a la pobreza, y que no podrán pertenecer a partido político alguno ni haber sido candidatos a cargos de elección popular.
Además, el Consejo tendría una Junta de Gobierno integrada por un presidente (el titular de la Secretaría de Desarrollo Social o la persona que éste designe); seis consejeros ciudadanos, designados por la Legislatura; un secretario, que será el secretario ejecutivo del Consejo, y un comisario, quien será el representante de la Secretaría de la Contraloría.
Propone la adición del artículo 54 Bis para delimitar las funciones de dicho consejo, entre las que se encuentran desarrollar investigaciones y estudios integrales para identificar los factores que impiden el desarrollo de las poblaciones; proponer estrategias y acciones tendientes a combatir las causas que inciden en la falta de desarrollo sustentable, y opinar sobre el contenido y reforma a leyes, reglamentos y demás disposiciones que permitan agilizar la puesta en marcha de programas de combate a la pobreza.
La iniciativa fue remitida a las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Desarrollo y Apoyo Social, para su dictamen.