El diputado Octavio Martínez Vargas presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de México con el objetivo de sancionar con mayor severidad a abogados, litigantes y defensores que actúan con negligencia o falta de profesionalismo, y que con ello provocan graves perjuicios a sus propios clientes, especialmente a personas privadas de la libertad.
En entrevista, el legislador explicó que la propuesta modifica el artículo 181 del Código Penal, ampliando las causales de responsabilidad y aumentando la pena de prisión de dos a cinco años para quienes abandonen la defensa, no presenten recursos legales básicos —como apelaciones— o conduzcan estrategias jurídicas equivocadas que dejen firmes sentencias condenatorias.
Martínez Vargas advirtió que este tipo de conductas no son hechos aislados, sino prácticas recurrentes en tribunales, donde algunos abogados prometen libertades a cambio de sumas elevadas de dinero, supuestamente destinadas a jueces, ministerios públicos o magistrados, sin que dichas gestiones se concreten. También denunció cobros por peritajes que nunca se presentan, lo que agrava la situación jurídica de los acusados.
El diputado reconoció que en el Estado de México existe un problema estructural de fabricación de delitos que involucra a elementos de seguridad pública, servidores de la Fiscalía e incluso al Poder Judicial; sin embargo, subrayó que una parte del problema radica también en defensas privadas y públicas deficientes.
La iniciativa, que será turnada para su análisis en el Congreso del Estado de México, busca —dijo— dignificar la profesión del abogado, recuperar la confianza ciudadana en la justicia y garantizar que quienes incurran en irregularidades de esta naturaleza enfrenten consecuencias penales efectivas.
“El objetivo es claro: que quien traicione la confianza de sus clientes y dañe su derecho a una defensa adecuada, lo pague conforme a la ley”, concluyó.