Ante la grave situación de inseguridad que padecen la entidad mexiquense, los diputados locales del PAN presentaron una iniciativa de Decreto para reformar y adicionar diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y las leyes estatales de seguridad, prevención social de la violencia y la delincuencia y participación de las ciudadana con el propósito de mejorar la coordinación entre las instituciones policiales y crear los mecanismos para una eficiente reinserción social del individuo.
A nombre del Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN) de la LIX Legislatura Local, la diputada Nelyda Mociños Jiménez explicó que “el Observatorio Nacional Ciudadano indicó que la entidad cerró el año 2016, en el sexto lugar nacional en robo con violencia y el segundo lugar en robo de vehículos, por cada 100 mil habitantes; y que de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a junio del 2017, la entidad registró 1,757 homicidios”.
Nelyda Mociños señaló que se necesitan penales apropiados para la readaptación social, razón por las que el GPPAN propone generar mecanismos que mejoren las condiciones idóneas durante la estancia del individuo para que pueda incorporarse socialmente una vez concluida su pena.
“Dado que el Estado debe proporcionar al liberado la asistencia y la supervisión necesaria para evitar que recaiga en la delincuencia, ya que los programas de reinserción no concluyen en la institución penitenciaria, sino en las actividades sociales y laborales cotidianas; el GPPAN propone integrar a la legislación la figura de un supervisor de libertad condicionada que de seguimiento permanente, a la ejecución de las sanciones penales, medidas de seguridad y restrictivas impuestas por el juez y fuera de los centros coordinar y ejecutar la aplicación para dar seguimiento a los programas de personas que gozan de libertad condicionada”, explicó Mociños Jiménez.
Desde la máxima tribuna de la entidad, la diputada del PAN señaló que el supervisor de libertad coadyuvaría en la readaptación y reinserción social de los liberados, previniendo en gran medida la reincidencia de actos ilícitos.
Las reformas también contemplan la creación de una mesa urgente de seguridad, integrada por el Consejo Estatal de Seguridad, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y académicos, que pueda convocarse a petición del Pleno, cuando la crisis de seguridad en la entidad ponga en riesgo a la sociedad mexiquense o la propia gobernabilidad, a fin de generar estrategias y mecanismos eficientes que abatan los índices delictivos.
Mociños enfatizó que los mecanismos de prevención son determinantes para combatir la inseguridad, pero el elemento de mayor importancia son las instituciones policiales encargadas de salvaguardad el orden público y la seguridad de los ciudadanos, por lo que se proponen un mando mixto coordinado basado en principios de subsidiariedad y controles externos, con el objeto de consolidar policías fuertes y capacitadas que puedan combatir eficazmente a la delincuencia y proteger a los mexiquenses.