Para implementar el uso de tecnologías avanzadas en las actividades de fiscalización a fin de identificar probables actos de corrupción, así como para que la entrega del informe de las entidades fiscalizables se haga de manera trimestral y se amplíe el plazo de revisión del informe de resultados a un mínimo de cuatro meses, el diputado Valentín González Bautista presentó una iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México.
En sesión de la Diputación Permanente –primera en la historia de la 60 Legislatura mexiquense que se realiza a distancia por la pandemia de covid-19-, el legislador de morena aseguró que, como parte del proceso de fortalecimiento institucional para lograr la armonización contable, la evaluación efectiva de la gestión pública bajo los principios de austeridad, legalidad y eficiencia debe incorporar mecanismos de fiscalización más efectivos y mejores prácticas, por lo que es importante incluir tópicos como la etapa de investigación y la periodicidad en la entrega de los informes y cuenta pública e implementar nuevos mecanismos para comunicar los resultados.
Señaló que las actividades de fiscalización en el país se han vuelto más complejas no sólo por la cantidad de información que generan las entidades fiscalizadas en la administración de los recursos públicos, sino también porque en su gran mayoría esta se entrega para su revisión de manera física, por lo que destacó la importancia de modernizar los procesos de trabajo del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), adecuar sus estructuras de acuerdo con los nuevos desafíos que implicará la implementación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, para reducir tiempos y distancias.
En este sentido, indicó que la iniciativa incluye el uso de tecnologías avanzadas en las actividades de fiscalización, el uso de técnicas análisis de datos y la visualización de estos, con la finalidad de identificar probables actos de corrupción, conductas irregulares, tendencias o patrones en el ejercicio de los recursos públicos, garantizando el respeto a los derechos de legalidad y seguridad jurídica.
Lo anterior, puntualizó, lleva a modificar el concepto, denominación y periodicidad del informe mensual por el de informe trimestral, como un mecanismo de rendición de cuentas sobre la situación económica, las finanzas públicas y, en su caso la deuda pública, abundando en la necesidad de que este ejercicio se realice de manera trimestral para que las entidades fiscalizables y el Órgano Superior tengan mayor eficiencia en su integración y revisión.
Respecto a la presentación del informe de resultados, precisó que el tiempo con el que cuenta el OSFEM es determinante para el principio de exhaustividad con que se revisarán las cuentas públicas de las entidades fiscalizables, por lo que resulta fundamental coadyuvar en que se amplíe el plazo de revisión a un mínimo de cuatro meses y con ello se maximice la capacidad para realizar una fiscalización exhaustiva con seriedad, imparcialidad, rigor y profundidad en los rubros de mayor riesgo en los que se ejerce el presupuesto público.
Otro punto esencial de la propuesta, detalló el diputado, es dar claridad y certeza jurídica a las atribuciones de los auditores especiales y recordar que la función de investigación es atribución exclusiva de la Auditoría Especial de Investigación.
Con esta propuesta, agregó, se establece con claridad la necesidad de un nuevo diseño institucional que desarrolle la rendición de cuentas en todos los órdenes y niveles de gobierno e implemente un sistema que active mecanismos de prevención, control externo, investigación y sanción, que generen una rendición de cuentas horizontal, en el cual el poder se disperse y no exista un monopolio legal de ninguna institución.
La iniciativa fue remitida para su análisis y dictamen a la Comisión Legislativa de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización.