- El Grupo Parlamentario del PRD, coordinado por el legislador Omar Ortega, propuso reformas para garantizar la implementación efectiva y accesible de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en el Estado de México.
- La iniciativa, expuesta por la legisladora Araceli Casasola, establece que la ILE se brinde de forma gratuita, en un máximo de cinco días, con calidad, consejería integral e infraestructura operativa
- También regula la objeción de conciencia, define la personalidad jurídica a partir de la semana 12 y ordena la creación de lineamientos y reservas presupuestales para su cumplimiento.
El Grupo Parlamentario del PRD propuso garantizar la implementación efectiva y accesible de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) como un servicio de salud esencial en la entidad, de forma gratuita y en condiciones de calidad, con la obligación de ofrecer apoyo psicológico a la persona solicitante, antes y después de la intervención.
La diputada Araceli Casasola Salazar, quien presentó la iniciativa en conjunto con el coordinador de la bancada, legislador Omar Ortega Álvarez, señaló que es crucial e inmediato garantizar que la ley de la ILE funcione, y para ello se deben emitir y publicar de manera urgente los lineamientos y protocolos operativos oficiales.
Añadió que, aunque la ley establece que el aborto ya es legal, los lineamientos establecen el cómo y el dónde, por lo que, sin estos documentos técnicos, la ley queda inoperable.
Las modificaciones al Código Administrativo y al Código Civil, ambos estatales, establecen que las instituciones de salud brindarán consejería médica y social con información imparcial, científica, veraz, clara y oportuna sobre todas las opciones disponibles, los procedimientos, riesgos y efectos, así como los apoyos existentes, para garantizar una decisión libre e informada.
Asimismo, cuando la persona gestante solicite la interrupción del embarazo, se realizará en un plazo máximo de cinco días, una vez cumplidos los requisitos aplicables. Además, las instituciones de salud atenderán estas solicitudes aun cuando la solicitante cuente con otro servicio de salud, público o privado.
Se establece que el o la médico que tenga creencias o convicciones contrarias a la ILE podrá ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar; sin embargo, deberá referir de inmediato a la persona gestante a un o una colega que no sea objetor. Esta objeción no será válida cuando el procedimiento resulte urgente o indispensable para salvaguardar la vida o la salud de la persona gestante.
De igual manera, la iniciativa indica que la atención en la ILE garantizará servicios brindados por personal competente, manejo adecuado del dolor, trato cálido y sin discriminación, protección de datos personales, consejería sobre métodos anticonceptivos y seguimiento posterior. Las instituciones de salud asegurarán la prestación oportuna del servicio y la disponibilidad de personal no objetor, y los casos no contemplados en la ley se resolverán con perspectiva de género, siempre a favor de la persona gestante.
También se propone que el estatus de persona física sea reconocido legalmente a partir de la semana doce de gestación, en concordancia con los límites establecidos en la legislación penal vigente para la interrupción del embarazo, lo que contribuirá a brindar certeza jurídica y operativa a los servicios de salud.
Cabe señalar que el 25 de noviembre de 2024, el Congreso mexiquense aprobó la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación mediante una reforma al Código Penal estatal que refuerza la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes.