Inhabilitar definitivamente a los servidores públicos corruptos, cuando el monto de la afectación sea superior a las 200 veces el valor de la Unidad de Medidas y Actualización (UMA), es el propósito de la iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios propuesta por el Grupo Parlamentario del PAN.
Propone que los servidores públicos sentenciados por actos de corrupción no puedan tener otro cargo público en la entidad y que los particulares y las empresas involucradas en actos de corrupción tampoco puedan participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, licitaciones o contrataciones públicas.
El Grupo Parlamentario del PAN considera oportuno establecer una sanción que persuada a los servidores públicos, particulares y empresas a no incurrir en faltas administrativas graves, pues este delito afecta el desarrollo social y la relación entre gobernantes y gobernados, por ser acciones contrarias al bienestar general.
Con la adición propuesta de una fracción V al artículo 82 de la citada ley, que señala las sanciones administrativas por la comisión de faltas graves impuestas por el Tribunal de Justicia Administrativa, quedaría establecido que éstas consistirán en “inhabilitación definitiva para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas”, ello “si el monto de la afectación excede de doscientas veces el valor diario de la unidad de medida y actualización”.
Además, “el Tribunal de Justicia Administrativa podrá imponer al infractor una o más de las sanciones señaladas, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la gravedad de la falta administrativa”.
La iniciativa fue remitida por la diputada Mariana Uribe Bernal, presidenta de la Directiva de la 60 Legislatura, a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia.
PROMUEVE JOSÉ ANTONIO GARCÍA LAS INDUSTRIAS CREATIVAS Y CULTURALES
Establecer como atribución de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de México impulsar la generación, desarrollo, fomento y protección de las industrias creativas y culturales en la entidad, es el propósito de la iniciativa presentada por el diputado José Antonio García García (PAN) que plantea adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México.
De acuerdo con la iniciativa, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) identificó que las industrias creativas tienen un impacto, además de económico y laboral, en otras áreas, como la política, social, cultural, tecnológica, de artes y negocios, pero para que ese impacto suceda es necesaria la participación del gobierno en distintos momentos y desde varias trincheras, como en la relativa a la legislación.
Por ello resulta importante generar la obligación legal, así como el respaldo institucional, a efecto de aprovechar al máximo el potencial comprobado que tienen las industrias creativas en México.
La presidenta de la Directiva, la diputada Mariana Uribe Bernal (morena) remitió la propuesta a las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Minero, para su dictamen.