Con el objetivo de fortalecer el Consejo de la Judicatura y velar por el correcto equilibrio de los órganos del Poder Judicial del Estado de México, la LVIII Legislatura turnó a estudio de comisiones dos iniciativas que reforman la Constitución Política estatal y la Ley Orgánica del Poder Judicial, ambas presentadas por el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, diputado Ulises Ramírez Núñez.
En sesión del Octavo Periodo Ordinario también se turnó a comisiones la propuesta para tutelar jurídicamente a mayores de edad cuando se cometan actos erótico-sexuales sin su consentimiento, además de planteamientos de exhortos para proteger los derechos de menores migrantes, y ampliar la educación sexual y reproductiva.
Los legisladores locales también aprobaron licencia temporal para separarse del cargo a la diputada Annel Flores Gutiérrez (PAN) del 30 de marzo al 7 de abril de 2015, y eligieron a los diputados Armando Soto Espino (PRD) y Myriam Alaska Echegoyen López (PAN) como vicepresidentes de la Directiva, así como a las legisladoras Juana Bastida Álvarez (Nueva Alianza), María Teresa Garza Martínez (Verde Ecologista) y Guadalupe Gabriela Castilla García (PRI) como secretarias de la Directiva para el segundo mes del periodo en curso.
Con relación a las iniciativas que reforman el artículo 107 fracción I de la Constitución Política estatal y los artículo 42, 53 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, presentadas por el diputado Ulises Ramírez Núñez, pretenden que una persona distinta al presidente del Tribunal Superior de Justicia ocupe la presidencia del Consejo de la Judicatura.
Ramírez Núñez expresó que se trata de un órgano que supervisa, evalúa y sanciona el funcionamiento del Poder Judicial, por tanto, las iniciativas buscan otorgar mayor fortaleza a este y a su titularidad que debe depender de magistrado diferente al presidente. Por ello, la modificación del artículo 107 Constitucional y de la Ley Orgánica del Poder Judicial tiene la finalidad de que se elija a un presidente de entre los consejeros. Ambas iniciativas fueron remitidas para su dictamen a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia.
BUSCAN AMPLIAR TIPO PENAL Y SANCIONES POR ABUSO SEXUAL
Tutelar jurídicamente a las personas mayores de edad sobre las cuales se ejecuten actos eróticos-sexuales, sin llegar a la cópula, sin su consentimiento, y penalizar a quienes las comentan, son los objetivos de la iniciativa presentada por el diputado José de Jesús Magaña Juárez (PAN), que reforma el artículo 270 del Código Penal del Estado de México.
La propuesta que estudiarán las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia establece que un acto erótico sexual merece una respuesta enérgica del Estado elevándolo a delito, por lo que se plantea eliminar el elemento subjetivo del tipo penal vigente, consistente en que el sujeto activo tenga “intención” de llegar a la cópula, para que baste con que se despliegue dicha conducta sin mediar un elemento de “difícil comprobación” como lo es la intención del sujeto activo del delito sobre el pasivo.
Por ello, reforma y adiciona dos fracciones al artículo 270 del Código Penal del Estado de México, para establecer que comete el delito de abuso sexual, quien ejecute en una persona un acto erótico o sexual sin llegar a la cópula y sin su consentimiento, cuya sanción será pena de dos a cuatro años de prisión y de 200 a 400 días de multa de salario mínimo.
Además, a quien ejecute este delito en una persona menor de edad o que no tenga la capacidad de comprender las cosas o de resistir al hecho, o a quien lo realice en su presencia o haga ejecutarlo para sí o en otra persona, se le impondrá pena de ocho a 15 años de prisión y de 500 a mil días de multa de salario mínimo.
PROPONEN EXHORTO EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE MENORES MIGRANTES
La diputada María Eugenia Granados Cárdenas (PAN) propuso un punto de acuerdo para exhortar al Gobierno estatal a que informe sobre el número de albergues con los que se cuenta para atender a menores migrantes no acompañados, los lugares donde se ubican, así como las condiciones en los que se encuentran.
Remitido a la Comisión de Apoyo y Atención al Migrante, también plantea exhortar a implantar políticas públicas que garanticen la protección de los derechos humanos de los menores migrantes no acompañadas que transitan por el territorio estatal.