Tras asegurar que existen varias salidas para conseguir los 400 mil millones de pesos presupuestados por el gobierno federal para reconstruir las zonas dañadas de la Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Guerrero y Estado de México por el sismo del 19 de septiembre (19S), el investigador político y económico, Giovanni Jiménez Bustos, cuestiona que el gobierno federal esté optando por el camino fácil.
El especialista en estudios sociales y políticas públicas, advierte que bajo el pretexto de la reconstrucción de los estados afectados por los sismos, el gobierno mexicano y sus legisladores están brincando al vacío con los ojos vendados y su salto puede terminar por endeudar más al país, ceder ante el narcogobierno o caer en plutocracia (el gobierno de los ricos).
“Para cubrir esos 400 mil millones para la reconstrucción, bastaría que los legisladores respaldaran a la Auditoria Superior de la Federación para incautar los bienes y propiedades de todos los gobernadores y funcionarios públicos a quienes la dependencia federal tiene denunciados por casos de corrupción”, señala Giovanni Jiménez y explica que tan sólo de los recursos de desvíos millonarios se juntarían más de 170 mil millones de pesos.
Y es que, de 2012 a 2015, van más de 175 mil millones de pesos desviados sólo por gobernadores: existe la denuncia contra el gobierno de César Duarte en Chihuahua por el desvío de 80 mil millones de pesos; la Fiscalía documentó también el desvío de 35 mil millones de pesos de Javier Duarte en Veracruz; 35 mil millones más, malversados por los hermanos Moreira en Coahuila; 17 mil 500 millones desviados por Aristóteles Sandoval en Jalisco; 3 mil 603 millones del gobernador Eruviel Ávila del Estado de México y una cifra similar de Rodrigo Medina en Nuevo León.
“Todo este dinero debería servir para la reconstrucción, sólo basta que los legisladores se pongan los pantalones para pedir que se incauten todos los recursos de los funcionarios con sospecha de corrupción”, afirma contundente el también especialista en políticas públicas por FLACSO, quien señala que si no se ha optado por esta vía, es porque resulta más sencillo para la clase política aceptar que les quiten financiamiento a castigar a quienes cometen actos de corrupción.
A decir del investigador, el gobierno federal y los legisladores optan por el camino fácil de eliminar el financiamiento para partidos políticos, lo que podría traer como consecuencia un retroceso a la democracia y favorecería los casos de corrupción, propiciando la llegada de narcogobiernos o caer en la plutocracia.
Giovanni Jiménez señala que la Auditoria Superior de la Federación denunció el desvío de otros 9 mil millones de pesos por parte de la Federación, de modo que el gobierno federal tendría la obligación de devolver ese recurso y el auditor podría reclamarlo siempre que esté respaldado por diputados y senadores, para ordenar que se incauten los bienes sobre los que existe sospecha de corrupción.
En la página de la Auditoria Superior de la Federación informan que en la revisión de los ejercicios de 1998 a 2015 llevan presentadas más de 815 denuncias penales por desvío de recursos contra distintos municipios, gobiernos estatales y dependencias federales; destacan ahí las 54 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra el gobierno de Veracruz levantadas tan sólo entre 2016 y 2017; mientras que de las dependencias federales el INAES, SEDESOL y SAGARPA aparecen como clientes frecuentes de las denuncias presentadas por el auditor superior. Según el estudio “Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe” realizado por Transparency International, Latinobarómetro y Market Research Services, México es el país donde más del 51 por ciento de sus ciudadanos han tenido que dar sobornos a sus autoridades, el mayor índice en América Latina. Es decir, los gobernantes y sus colaboradores no sólo toman el dinero del erario, sino que también lo toman de los ciudadanos. De acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, la OEA, el CEESP y el INEGI, el costo de la corrupción fluctúa entre el nueve y el 10 por ciento del PIB, esto es, de cada 100 pesos de riqueza que genera la economía, 10 se destinan a la corrupción.
SEGUROS DEBEN RESPONDER
Por otra parte, el investigador explica que una segunda vía para obtener recursos para la reconstrucción debe surgir de la obligación de las aseguradoras a pagar por los inmuebles que se destruyeron, porque “desde 2014 todos los créditos hipotecarios tienen un seguro y ese seguro tiene que responder a las personas que perdieron su casa y tenían créditos para que les otorguen una nueva vivienda”, explica el analista en políticas públicas.
Así pues, señala que cerca del 80% de los edificios que colapsaron en la Ciudad de México cuentan con este tipo de seguros, por lo que sería obligación de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, exigir a las aseguradoras que cumpla con el pago de los inmuebles dañados y en caso de que no ocurra, sería obligación de los delegados demandar a los desarrolladores que están incumpliendo con los damnificados.
“¿Dónde están las aseguradoras diciendo ahí está el dinero para que la señora pueda comprar nuevamente una vivienda? Todos los edificios nuevos tenían seguros porque el colateral era el bien inmueble y está asegurado; ¿dónde están exigiéndole a los desarrolladores que paguen?”, cuestiona Jiménez Bustos, quien asegura existe una obligación respaldada por los contratos de compra- venta y la garantía de las aseguradoras de pagar por este tipo de daños, por lo que es una obligación de los jefes delegacionales presionar lo necesario para que las aseguradoras paguen.
INTELIGENCIA FINANCIERA Y AFORES
Ahora bien, en un llamado a hacer inteligencia financiera, el especialista en políticas públicas recuerda que a través de las Afores existen recursos suficientes para solventar la reconstrucción de las viviendas, pues la valuación de la reconstrucción equivale al 1% del Producto Interno Bruto, mientras que en las Afores hay 150 veces ese mismo recurso.
“Por qué en lugar de rasgarnos las vestiduras intentando que los partidos políticos devuelvan una fracción del dinero de las instituciones, no estamos haciendo ingeniería financiera inteligente para recuperar los pesos en lugar de pelearnos por los centavos”, afirma el investigador, quien reconoce como importante se haga un verdadero ejercicio de austeridad en las instituciones, pero éste —dijo—, debe provenir desde la Secretaría de Hacienda, modificando también el proyecto de presupuesto de egresos que se entregó un par de semanas antes de que ocurrieran los sismos.
Explica entonces que a través del Congreso se debe solicitar a las SIEFORES, responsables de administrar los recursos del Sistema de Ahorro para el Retiro, modifiquen los porcentajes de inversión del dinero de los trabajadores y en lugar de que el gobierno lo utilice para cubrir gasto corriente, éste se canalice para invertir en desarrollo de vivienda de gama media y alta.
“En lugar de tener el dinero de millones de trabajadores parado, jugando en la bolsa de valores, podemos reconstruir este país con el dinero de ellos, garantizándoles muy buenos rendimientos y eliminando el riesgo de que se pierda ese recurso en la bolsa de valores”, precisa el investigador.
Señala también que para garantizar la alta calidad de esas viviendas, los colegios de ingenieros y arquitectos deben supervisar la construcción, de esa manera el dinero de los trabajadores estaría respaldado por los inmuebles y los créditos hipotecarios estarían asegurados, “el trabajador ganaría dos cosas porque su dinero está respaldado por un bien inmueble y además sería un inmueble caro, por lo que tendría mejores rendimientos”, reitera.
“Debemos actuar con las herramientas financieras que quedaron después de la crisis hipotecarias de los Subprimes. Hoy tenemos herramientas financieras como Solvencia II, para evaluar los riesgos a los que vamos a someter los ahorros de los trabajadores”, dice el analista y asegura que de hacer estos cambios, los más beneficiados pueden ser los trabajadores.
Jiménez Bustos indica que en este caso el bien inmueble se pagaría con hipoteca, las aseguradoras pagarían las hipotecas y ese recurso iría al fondo de los trabajadores.
“La oportunidad que tenemos hoy es actuar con inteligencia financiera, ver a los trabajadores, ver qué estamos haciendo mal en materia de infraestructura y replantear todos los ingresos generados por la reconstrucción”, expresa.
Respecto a los damnificados que no cuentan con seguro para sus viviendas, el investigador plantea que se recurra a los recursos que debe devolver la Federación a consecuencia de los actos de corrupción, así como al dinero que recibió el gobierno como donativo de la ciudadanía, de distintas empresas y de gobiernos extranjeros.
“Es imprescindible garantizar que todos los damnificados reciban un hogar, sin que ello implique una nueva deuda”, afirma e insiste en que es una obligación exigir a los corruptos que devuelvan ese dinero para reconstruir México.
Así también, señala que este proceso de reconstrucción generará mayores ingresos vía Impuesto al Valor Agregado (IVA) y a través de los Impuestos Especiales a Productos y Servicios (IEPS), por lo que sería indispensable que la Secretaría de Hacienda elabore un nuevo Proyecto de Presupuesto de Ingresos, en tanto que esos recursos que podrían quitarse a los corruptos no están considerados.
RIESGO QUITAR FINANCIAMIENTO A PARTIDOS
Por otra parte, subraya la relevancia de que ese nuevo presupuesto, contemple recortes en publicidad, viáticos y gastos gubernamentales excesivos, además de eliminar el dinero para campañas políticas pero no el financiamiento a partidos, pues esto último provocaría el despido de cientos de trabajadores en todo el país y favorecería aún más los casos de corrupción.
En este sentido, explica que en lugar de caer en el camino fácil de retirar financiamiento a los partidos políticos, se requieren herramientas vinculantes que permitan castigar de fondo los actos de corrupción.
“En lugar de permitir un saqueo mayor echando al traste la democracia, la seguridad pública y las leyes económicas, incautemos todo lo que el auditor superior de la Federación ha señalado como robado, porque está documentado”, reitera Jiménez Bustos y precisa que al optar por eliminar el financiamiento total a los partidos políticos, se rompen las reglas de la democracia y se favorece la imposición de grupos de poder externos, con riesgo de caer en narcogobierno o plutocracia.
Así pues, refiere los casos de Guatemala y Estados Unidos donde los ganadores de las elecciones fueron impuestos por los grupos de poder económico en detrimento de la representación de sectores sociales de distinto nivel económico.
“No quiero ver lo que va a pasar a este país cuando los ricos decidan, porque no veo ningún actor político importante asumiendo una postura inteligente”, afirmó el investigador quien recordó que el establecimiento de financiamiento público para partidos políticos y la inclusión de plurinominales tenía como intención darle representación a las minorías, por lo cual la eliminación de plurinominales provocaría la prevalencia de aquellos partidos que ya están en el poder.
Finalmente, subrayó que el riesgo radica en que sin financiamiento público, los candidatos recurrirán con mayor avidez a los recursos que reciban los gobiernos estatales o en el peor de los casos, al dinero de las organizaciones criminales, por lo cual el riesgo de corrupción se elevaría considerablemente, concluye.
Tomado de e-Legislativo.mx