A fin de que el Estado de México cuente con los mecanismos para la reparación de los derechos humanos que pudieran ser vulnerados por parte de los servidores públicos, la diputada Araceli Casasola Salazar, en nombre del Grupo Parlamentario del PRD, presentó a la 60 Legislatura mexiquense la iniciativa de Ley para la Reparación del Daño por Afectación a los Derechos Humanos.
Dicha iniciativa de ley busca restablecer el orden jurídico quebrantado por la violación a los derechos humanos de una persona o de una comunidad y resarcir a las personas por la lesión causada, así como afirmar la seguridad, la paz y la justicia en las relaciones sociales.
Presentada en sesión plenaria presidida por el diputado Nazario Gutiérrez Martínez (morena), la iniciativa también busca reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, ambas de la entidad.
El documento propone como medio de restitución de una violación a los derechos humanos, la indemnización para compensar la pérdida o el menoscabo de un bien de la misma naturaleza.
En el caso de daños inmateriales, que son los efectos psicológicos y emocionales sufridos como consecuencia de la vulneración a los derechos humanos de la víctima, se propone atenderlos mediante rehabilitaciones con costo para el Estado, al igual que cuando la afectación “haya perjudicado a una persona en su integridad física, ya sea de manera permanente o temporal, pero exista forma de atenuar los efectos nocivos causados a través de la rehabilitación física o bien psicológica”.
Considera también los daños que pueda causar el Estado en el proyecto de vida de una persona, siendo necesaria, en este caso, la valoración de las condiciones del lesionado previas a la violación de sus derechos y de la probabilidad estadística de lo que pudo haber continuado en su vida si esos derechos no hubieran sido violados.
Señala que si la vulneración a los Derechos Humanos involucra a un núcleo poblacional o a un sector social, la reparación podrá ser integral colectiva, a través de la reconstrucción psicosocial que se considere idónea.
Detalla la propuesta que la aplicación de esta ley correspondería, en el ámbito de sus respectivas competencias, a los tres poderes en que se encuentra dividido el Poder Público del Estado de México (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), a los órganos que, por mandato constitucional, detentan autonomía y a los gobiernos municipales. Para su aplicación deberán observarse los principios pro persona, de economía procesal y de inmediatez.
El proyecto de decreto propone también la adición del Título Décimo Quinto a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México para crear la Sala en Materia de Derechos Humanos, que se encargaría de atender estos temas, así como del proceso de cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos cuando éstas sean aceptadas por la autoridad responsable. Sus procedimientos internos serían normados por un reglamento cuya expedición correspondería emitir al Consejo de la Judicatura.
La propuesta se completa con una reforma a Ley de la Comisión de Derechos Humanos para consignar que también serán consideradas violaciones a los derechos humanos las que ocurran en el Poder Judicial, aunque “únicamente serán procedentes por violaciones fuera del proceso judicial o de tipo administrativo”, así como con una reforma a la Ley Orgánica de este Poder para establecer que también deberá crear una Sala en Materia de Derechos Humanos.