- Regresaron ambos dictámenes a Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.
La 60 Legislatura del Estado de México rechazó, con 43 votos de los grupos parlamentarios de Morena y PES, 14 a favor de aprobarlos del PRI y del PVEM y 18 abstenciones del PT, PAN y PRD, los dictámenes del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública Estatal y de los Municipios del 2017.
El presidente de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, Tanech Sánchez Ángeles, manifestó la necesidad de que los legisladores recuperen la facultad de calificar las cuentas públicas, fortalecer la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México y endurecer el combate a la corrupción a través de ejercicios de transparencia.
Puntualizó que la aprobación de los dictámenes en la Comisión y el voto en contra en el Pleno fue para cumplir con los tiempos marcados para presentarlos, que resultaron insuficientes para el análisis y la revisión de las cuentas públicas dadas las irregularidades que presentaban.
El legislador detalló que como parte de los informes, 38 programas del gobierno estatal arrojaron resultados pésimos y críticos en materia de seguridad, empleo, adultos mayores, jóvenes, niños, perspectiva de género, entre otros.
Del Grupo Parlamentario de morena, la legisladora Karina Labastida Sotelo indicó que los diputados de morena concluyeron que no existían elementos para la aprobación de los dictámenes, por irregularidades en el ejercicio de recursos para fines distintos a los que fueron etiquetados, como en el sector salud y programas sociales, aun cuando se ejercieron 287 mil 91millones 452 mil pesos, cantidad superior en 15 mil 17 millones 485 mil 700 pesos en relación con el gasto del 2016; y se manifestó por devolver a la Legislatura la función de fiscalizadora de contrapeso en las cuentas públicas.
La legisladora Azucena Cisneros, también de morena, afirmó que exigirán castigos para quienes utilizaron recursos públicos de programas sociales en el proceso electoral del año pasado, y darán seguimiento a lo señalado por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.
Además, se comprometió a “dar seguimiento puntual a las irregularidades y a exigir a las autoridades que nos expliquen qué hicieron con el presupuesto de estos 38 programas con resultados deficientes. Exigimos saber si el dinero de los mexiquenses que no se aplicó en estos programas, formó parte de los recursos que se utilizaron para cometer el fraude electoral de 2017”.
El 2017, dijo, quedará marcado como “un año histórico para el Estado de México: es el año cumbre de la corrupción, es el año del fraude electoral más grande en la historia de nuestro estado”.
El diputado Max Agustín Correa, de la misma bancada, dijo que los informes de las cuentas públicas no contaban con los elementos para establecer los procedimientos resarcitorios y que reflejan el desfalco y la reprobación de las dependencias durante 2017. Puso como ejemplo las observaciones a la Universidad Autónoma del Estado de México y destacó que se debería valorar la continuidad de Fernando Valente Baz Ferreira, titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.
A favor de su aprobación, el coordinador parlamentario del PRI, diputado Miguel Sámano Peralta, resaltó las cuatro reuniones de trabajo de la Comisión con el auditor superior, en las que los diputados realizaron observaciones y se aprobaron por unanimidad los dictámenes por todos los representantes de los grupos parlamentarios.
María Mercedes Colín (PRI) cuestionó la congruencia de los diputados de morena al aprobar los dictámenes en la Comisión y rechazarlos en el Pleno, y señaló que 821 recomendaciones y 155 acciones resarcitorias incluidas en los documentos reflejaban el trabajo realizado por el OSFEM en la revisión de las cuentas públicas del 2017.
Iveth Bernal (PRI) lamentó que los dictámenes fueran rechazados porque eso ata de manos al OSFEM para enviar los exhortos y procedimientos resarcitorios a los entes observados, y también criticó, que todos los diputados integrantes de la Comisión hayan votado a favor de los dictámenes y que en el Pleno lo hicieran de manera diferente.
El diputado Anuar Azar Figueroa, coordinador parlamentario del PAN, propuso que el dictamen fuera regresado a la Comisión, lo cual fue denegado por el Pleno, e indicó que 45 días fueron insuficientes para el análisis de los informes de las cuentas públicas, por lo que su partido propuso una modificación a esa temporalidad; y se pronunció a favor de una revisión más exhaustiva de las cuestas públicas.
Del PRD, Araceli Casasola expresó su satisfacción porque los dictámenes regresen a la Comisión; indicó que se debe analizar las atribuciones de la Legislatura para la revisión de las cuentas públicas y solicitó que en reuniones de comisiones se permita un diálogo más a profundidad para solventar las observaciones con el auditor superior, mientras que el diputado Omar Ortega sugirió la revisión del reglamento para la discusión o no de la moción suspensiva propuesta por el diputado Anuar Roberto Azar.
En la sesión del Primer Periodo Ordinario, presidido por la diputada Azucena Cisneros Coss (morena), también el diputado Gerardo Ulloa se manifestó a favor de regresar los dictámenes para continuar su análisis en la Comisión correspondiente, en tanto que el congresista Juan Pablo Villagómez cuestionó a los diputados del PRI sobre las razones de su aprobación de los dictámenes cuando se han manifestado a favor de la transparencia.
POSTURAS SOBRE EL INFORME DE LAS CUENTAS MUNICIPALES
Sobre el dictamen de las cuentas públicas municipales, leído por el diputado Gerardo Ulloa, Valentín González Bautista (morena) indicó que las 302 observaciones resarcitorias que ascienden a un monto de tres millones 157 mil 398 pesos son pocas de acuerdo a los presupuestos de los ayuntamientos.
Dijo que no son creíbles las irregularidades encontradas en los informes de las cuentas públicas municipales y dijo que muy pocos funcionarios municipales cumplen con las competencias laborales marcadas en la ley.
Del PRI, la legisladora Lilia Urbina Salazar indicó que los dictámenes provienen de un análisis responsable y la construcción de consensos de los diferentes grupos parlamentarios que participan en la Comisión, quienes a través de mesas de trabajo plantearon las dudas correspondientes al auditor superior.
El diputado Armando Bautista Gómez, explicó que el Grupo Parlamentario del PT, del cual es coordinador, se abstuvo en la votación porque en la Comisión el dictamen fue aprobado por unanimidad y ya para la votación en el Pleno no hubo una adecuada comunicación lo que le llevó a la decisión de abstenerse, aunque manifestó estar a favor de una modificación en la ley para que el Poder Legislativo apruebe y fiscalice la cuenta pública.
Los dictámenes regresaron a la Comisión para que continúe sus análisis hasta que se solventen las observaciones necesarias.