La LVIII Legislatura local recibió el Informe Anual de Actividades de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), que presentó el titular de este organismo autónomo, Baruch Delgado Carbajal, además de que turnaron a comisiones iniciativas en materia de salud, justicia, servicio público municipal, igualdad de género y derecho civil.
En sesión de Octavo Periodo Ordinario, la legisladora María Gisela Alejandra Parra Flores (PAN) reconoció la actuación de la Codhem en la promoción y defensa de los derechos fundamentales, así como la trayectoria de su titular y el trabajo que desarrolló para instaurar un nuevo proceso penal “mucho más humanista”.
Hizo un llamado a fortalecer las acciones para garantizar el derecho a la libertad de expresión, mediante la protección del ejercicio periodístico, así como atender la vulneración de los derechos de la mujer a consecuencia de la violencia de género y en los centros penitenciarios. Refrendó la disposición de su Grupo Parlamentario para hacer frente común al irrestricto respeto a los derechos humanos.
Por su parte, el diputado Marco Antonio Cruz Cruz (PRD) se pronunció por fortalecer y dignificar a la Codhem, al tiempo de solicitar se garantice el derecho al suministro de agua potable, cuya restricción afecta de manera directa a la población, así como fortalecer medidas en materia de justicia y reinserción social. Subrayó que es obligación de todas las autoridades promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
ELEVAR SANCIÓN POR EXPLOTACIÓN Y MALTRATO A ADULTOS MAYORES
A fin de ampliar la tutela de los derechos de los adultos mayores y la sanción penal por explotación o maltrato de personas en esta condición, el diputado Amador Monroy Estrada (PRI) propuso reformar la Ley del Adulto Mayor y el Código Penal, ambos del Estado de México, y así garantizar el pleno ejercicio de sus derechos y que sean sujetos de atención prioritaria en las acciones que promueve el gobierno.
Turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia, la propuesta busca incorporar el mandamiento expreso de que a este sector le corresponde el goce de los derechos humanos reconocidos en el sistema normativo nacional y tratados internacionales, así como el perfeccionamiento de un tipo penal equiparable a la trata de personas, aplicable en caso de explotación, por obligarlos a la mendicidad forzada o por infringir cualquier tipo de daño.
AMPLIAR PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA SALUD
Establecer que “la distribución y asignación de órganos, tejidos y células para trasplante, de donador con pérdida de la vida acaecida en el territorio del Estado de México, deberá destinarse, preferentemente, a receptores mexiquenses”, es el objetivo de la iniciativa que presentó la diputada Elda Gómez Lugo (PRI), turnada por el Pleno legislativo a la Comisión de Salud, Asistencia y Bienestar Social para su análisis.
La legisladora argumentó que, de aprobarse la reforma al Capítulo Tercero del Título Tercero del Libro Segundo del Código Administrativo del Estado de México, atendería el vacío legal existente, “al tiempo que permitiría honrar el mandato que nos fue conferido actualizando, y poniendo al día, dicho ordenamiento”.
La propuesta, a la que se adhirió el diputado Ulises Ramírez Núñez, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, coincide con la iniciativa de reforma al artículo 5 de la Constitución Política estatal, presentada recientemente por la propia legisladora, con el fin de ampliar con criterios neo constitucionalistas y de convencionalidad la tutela al derecho a la salud.
FORTALECER PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES MUNICIPALES
Con la finalidad de ofrecer un mejor servicio público en los ayuntamientos, la diputada Laura Ivonne Ruiz Moreno (PRI) presentó la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal para promover la profesionalización —no exclusiva de cada uno de los titulares de las dependencias administrativas que menciona el artículo 87—, de todo aquel servidor público que quiera desarrollarse, buscando elevar la calidad de vida de los habitantes del municipio.
El documento, remitido a la Comisión de Legislación y Administración Municipal, destaca que la adecuada función en los gobiernos municipales se da en el correcto reclutamiento, asignación, capacitación, profesionalización y desarrollo de su personal.
IGUALDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO
Adecuar las disposiciones del Código Administrativo del Estado de México con los principios fundamentales de igualdad y no discriminación, ya que actualmente establece que las infracciones en materia de tránsito vehicular son aplicadas exclusivamente por mujeres, es el objetivo de la iniciativa que presentó el diputado Marco Antonio Cruz Cruz (PRD), quien destacó que busca evitar agravios sociales a las personas a las que se les ha negado de manera injusta una fuente de empleo por razones de género.
De aprobarse la propuesta de reforma a la fracción I del artículo 8.19 Bis del Código Administrativo del Estado de México, turnada a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y para la Igualdad de Género, el texto legal establecería que “están facultados para imponer las sanciones y las disposiciones reglamentarias respectivas, quienes también se someterán a las disposiciones de control de confianza, en términos de las disposiciones aplicables; contarán con la terminal electrónica y se distinguirán por los uniformes y vehículos color negro y vivos naranja”.
REGULAR GESTACIÓN SUSTITUTA
Reformar el Código Civil de la entidad para regular la gestación sustituta como forma de reproducción asistida plantea la iniciativa de la diputada Daisy María Estela Muñoz Pérez (PRD), quien resaltó que “el derecho a la reproducción es una expresión de la dignidad humana y del libre desarrollo de la personalidad”.
Enviada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia, la propuesta argumenta que no existe ninguna acción ni proceso dentro del derecho vigente que garantice de una forma eficaz el acceso a la justicia respecto de los intereses de las personas que recurren a la figura de la gestación sustituta, lo que podría acarrear consecuencias legales negativas en materia del derecho familiar. En este sentido, considera necesario regular jurídicamente esta figura a través de una legislación coherente y eficaz, que norme de manera integral todos los aspectos de la gestación sustituta.