- El diputado Francisco Vázquez, presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura mexiquense, afirmó que la nueva Ley para Prevenir, Atender y Combatir los Delitos en Materia de Extorsión, aprobada por el Congreso local, fortalece el combate a este delito.
- Precisó que, aunque se deroga su regulación en el Código Penal estatal, el delito se castigará conforme a la ley general en la materia.
- Informó que la extorsión se perseguirá de oficio y que se crea una fiscalía especializada y un centro estatal de atención a denuncias.
El diputado José Francisco Vázquez Rodríguez (morena), presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura del Estado de México, precisó que, aunque se derogó la regulación de la extorsión del Código Penal estatal, este delito seguirá castigándose con base en las sanciones previstas en la ley general en la materia, y resaltó que la entidad contará con una ley local para fortalecer la actuación institucional para combatirlo de forma eficaz.
Afirmó que la nueva Ley para Prevenir, Atender y Combatir los Delitos en Materia de Extorsión, aprobada por el Congreso local en el Quinto Periodo Extraordinario de Sesiones el pasado 15 de enero, refuerza de manera integral el combate a este delito, al establecer mecanismos especializados de prevención, investigación y persecución, en armonía con la legislación federal.
En este sentido, recordó que el Gabinete de Seguridad Federal presentó el 6 de julio de 2025 la Estrategia Nacional contra la Extorsión y que el 9 de octubre de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma del artículo 73 fracción XXI, inciso a) primer párrafo de la Constitución federal, mediante la cual se facultó al Congreso de la Unión a expedir una ley general con elementos mínimos necesarios para homologar el tipo penal de extorsión en todo el país y la obligación de las entidades de armonizar su marco jurídico a ese nuevo modelo.
Francisco Vázquez destacó como uno de los principales avances que la extorsión, incluida su modalidad del llamado ‘cobro de piso’, se perseguirá de oficio, lo que permitirá investigar aun cuando las víctimas no ratifiquen la denuncia, una situación común debido al miedo o la desconfianza hacia la autoridad.
Asimismo, subrayó que se crea la Fiscalía Central Especializada en Combate a los Delitos de Extorsión, Delitos Vinculados y Secuestro, así como el Centro Estatal de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión, instancias que brindarán atención especializada, darán seguimiento a los casos y contribuirán a reducir lo que se conoce como la ‘cifra negra’ (porcentaje de delitos que ocurren, pero no son registrados por las autoridades, ya sea porque la víctima no denuncia o porque la denuncia no se investiga).
El también coordinador del Grupo Parlamentario de morena señaló que, una vez concluido el proceso legislativo, ahora corresponde a las autoridades cumplir los plazos establecidos en la ley, como la instalación del Consejo Estatal de Prevención y Combate a la Extorsión, la implementación de la Estrategia Estatal y la instalación de tecnologías para inhibir llamadas desde centros penitenciarios.
Con base en lo anterior, el Consejo Estatal de Prevención y Combate a la Extorsión deberá instalarse en un plazo no mayor a 60 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del Decreto.
Una vez publicada en Gaceta de Gobierno, explicó, la Secretaría de Seguridad estatal deberá establecer la Estrategia Estatal para Prevenir y Combatir el Delito de Extorsión y Delitos Vinculados en un plazo no mayor a 180 días naturales; la Fiscalía General de Justicia del Estado de México deberá crear y poner en operación la Fiscalía Central Especializada en Combate a los Delitos de Extorsión, Delitos Vinculados y Secuestro en un periodo no mayor a 45 días hábiles.
Además, los centros penitenciarios del Estado de México tendrán 150 días hábiles para inhibir las llamadas de telefonía celular, de radiocomunicación, de transmisión de voz, datos o imagen; la Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado deberá establecer y poner en operación el Centro Estatal de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión en un plazo no mayor a 180 días hábiles; y la Secretaría de Finanzas, exclusivamente para efectos de la implementación del presente Decreto y durante el ejercicio fiscal en curso, podrá autorizar las adecuaciones presupuestarias.
Finalmente, reiteró que estas acciones responden a la coordinación entre el Poder Legislativo, el Ejecutivo estatal y el gobierno federal, y tienen como objetivo proteger a las familias y a las unidades económicas mexiquenses, así como disminuir de manera sostenida la incidencia del delito de extorsión en la entidad.