La resolución del conflicto territorial entre comunidades de Ecatepec y Acolman no sólo representa un avance administrativo, sino un quiebre político frente a casi tres décadas de omisiones institucionales que mantuvieron en el abandono a miles de familias, coincidieron legisladores durante la discusión del dictamen en el Congreso del Estado de México.
Desde tribuna, el diputado Octavio Martínez Vargas subrayó que este caso rompe con una práctica histórica: utilizar las controversias limítrofes como pretexto para no invertir recursos públicos, evadir responsabilidades y trasladar costos políticos entre niveles de gobierno.
A diferencia de otros conflictos territoriales en el país —que han derivado en confrontaciones sociales e incluso armadas—, el proceso entre Ecatepec y Acolman se construyó bajo criterios democráticos, diálogo comunitario y análisis técnico, lo que revela una nueva correlación política entre Congreso, Ejecutivo estatal y gobiernos municipales.
El legislador recordó que durante seis gubernaturas y 15 administraciones municipales el problema fue sistemáticamente ignorado, reflejando un patrón de desinterés político que afectó directamente derechos fundamentales: agua potable, drenaje, escuelas, servicios de salud, movilidad y certeza electoral. La indefinición territorial, señaló, también permitió vacíos de gobernabilidad, donde ni Ecatepec ni Acolman asumían plenamente sus obligaciones.
En este contexto, Martínez Vargas reconoció la intervención de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, al considerar que su instrucción para investigar y aportar elementos resolutivos al Congreso marca una diferencia clara con gobiernos anteriores, particularmente por tratarse de la primera administración estatal de izquierda que enfrenta de fondo un conflicto heredado y políticamente costoso.
El análisis adquiere mayor relevancia en el plano social: comunidades como la Laguna de Chiconautla y Ampliación Lázaro Cárdenas han vivido durante casi 29 años en condiciones de exclusión estructural, sin acceso regular al agua, lo que, en escenarios de contingencia sanitaria, agrava riesgos a la salud pública y exhibe la deuda social acumulada del Estado.
Desde una lectura política, la resolución también reordena responsabilidades: una vez definida la pertenencia territorial, se elimina el margen de evasión administrativa y se obliga a los municipios, al gobierno estatal y a instancias federales a invertir y planear políticas públicas de largo plazo. Esto convierte el dictamen en un instrumento de gobernabilidad, no sólo en un acto técnico.
Martínez Vargas enfatizó que las familias del núcleo agrario de Santa María Chiconautla no invadieron terrenos, sino que los adquirieron legalmente, desmontando uno de los argumentos recurrentes para justificar el abandono institucional. El legislador sostuvo que la falta de servicios básicos no responde a colores partidistas, sino a la violación sistemática de derechos humanos.
Finalmente, el respaldo anunciado por el Grupo Parlamentario de Morena al dictamen consolida una señal política clara: el Congreso busca alinearse con el Ejecutivo estatal para cerrar conflictos heredados, restituir derechos y evitar que la indefinición territorial siga siendo una herramienta de simulación política.