- La legalización solucionará un problema de salud pública, recalcó el ombudsperson.
- La legislación local debe considerar la libertad de la mujer, su derecho a decidir y a elegir la maternidad o no.
Toluca, Estado de México.- “La interrupción legal del embarazo es necesaria en una democracia moderna que se precie de no discriminar a las mujeres”, señaló en entrevista el ombusperson mexiquense, Jorge Olvera García, al ser cuestionado sobre este tema que es motivo de discusión en la Legislatura local.
En la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), dijo, “estamos a favor de la vida, sí, pero una vida con igualdad, conciencia y justicia; no una vida donde quienes tienen posibilidades económicas sí abortan en servicios médicos de calidad y quienes no, enfrentan el riesgo de ir a prisión o de perder la vida, eso no es equitativo”.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) enfatizó: “hablamos del derecho a la vida desde la laicidad del Estado y desde la dignidad humana”; se trata de estar a favor de la despenalización de la interrupción legal del embarazo realizada conforme a los respectivos protocolos de igualdad, libertad, seguridad y dignidad de las mujeres, detalló.
Cabe apuntar que de acuerdo con datos del gobierno de la Ciudad de México, de las 205 mil 580 pacientes atendidas en servicios de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), de abril de 2007 a diciembre de 2018, 53 mil 992 usuarias eran originarias del Estado de México, más de la cuarta parte del total.
El ombudsperson considera que el aborto “debiera ser visto como una vía de apoyo y solidaridad con las mujeres que se ven enfrentadas a tomar una decisión que marca su vida actual y futura, sobre todo aquellas que se encuentran bajo la vulnerabilidad generada por la pobreza.”
Olvera García llama a la reflexión, pues no puede ignorarse la cantidad de abortos clandestinos, realizados en condiciones insalubres y no profesionales que terminan en la defunción de la mujer; recordó que de acuerdo con el Instituto Guttmacher y la Universidad de Massachusetts, en México la mortalidad materna por abortos inseguros alcanza entre 8 y 11 por ciento.
“Nos pronunciamos por la discusión acerca de la interrupción legal del embarazo porque defendemos el derecho a la salud, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres mexiquenses; pero sobre todo, el derecho y la vida de aquellas mujeres y niñas que acuden en la clandestinidad a interrumpir el embarazo y luego mueren.”
Explica que la Constitución federal tutela el derecho de las mexicanas, a decidir libremente cuándo y cuántos hijos tener, del derecho a una vida saludable y a decidir sobre su cuerpo y -como lo dijo recientemente el primer ministro canadiense Justin Trudeau- es su derecho para “poder decidir sobre su futuro”.
Además, dice, en el marco internacional y los criterios de los órganos internacionales, en México se debe asumir la defensa de las mujeres con base en su derecho a acceder a servicios integrales, a la salud reproductiva, incluida la interrupción del embarazo porque garantiza su derecho a la vida, a la salud y la intimidad.
A la pregunta expresa de si apoya la legislación que se propone en la Legislatura mexiquense, afirmó: “sí estamos a favor de una ley en la que no se criminalice a la mujer, porque la interrupción legal del embarazo vendrá a solucionar no un problema de la mujer sino de salud pública; las consecuencias de legislaciones atrasadas en este tema redundan en costos que afectan a los sistemas de salud, inciden en el incremento de la mortalidad materna y se profundiza la brecha de desigualdad.”
Señaló que si bien el Código Penal del Estado de México establece en su artículo 251 cuatro supuestos en los que no es punible la interrupción del embarazo (resultado de una acción culposa, de una violación, ante el peligro de muerte de la mujer o de que el producto sufre alteraciones genéticas o congénitas), “sigue faltando considerar la libertad de la mujer, su derecho a decidir y a elegir la maternidad o no.”
El presidente de la Codhem estableció que “legalizar no quiere decir autorizar la práctica indiscriminada del aborto; no, con la despenalización, no habrá ni más ni menos abortos, habrá menos madres muertas, como decía el reconocido médico argentino René Favaloro.
“Por eso insisto en que se debe trabajar mucho en la educación sexual, en una educación amplia, sin prejuicios, en la que cada sector de la sociedad asuma la parte que la toca y que lo haga bien.”
Las familias –dijo- tendrían que ser las primeras formadoras en este campo, las escuelas, las iglesias, las asociaciones y organización civiles, todos en el marco de políticas públicas y acciones de gobierno que sumen y que -con efectividad- garanticen la vida y la felicidad de las personas, no el encono ni la ignorancia.
El presidente de la Codhem llama a “hacer a un lado el temor a la educación sexual, a hablar de sexo con niñas, niños y adolescentes. Es absolutamente imprescindible y sí se pude hablar con claridad e información científica”; y agrega “cuidemos a nuestras niñas, niños y jóvenes; no podemos seguir permitiendo que una deficiente educación sexual siga originando tantos problemas.”