Las comisiones de Planeación y Gasto Público y de Legislación y Administración Municipal de la 59 Legislatura mexiquense aprobaron, por unanimidad, las tarifas para los derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales diferentes a las del Código Financiero del Estado de México y Municipios de 21 ayuntamientos, sin incrementos adicionales y que únicamente serán actualizadas conforme a la modificación que se autorice a la Unidad de Medida y Actualización (UMA).Con la opinión de la Comisión de Recursos Hidráulicos, avalaron las tarifas de Acolman, Amecameca, Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, El Oro, Huixquilucan, Jilotepec, Lerma de Villada, Metepec, Naucalpan de Juárez, San Mateo Atenco, Tecámac, Tepotzotlán, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán, Valle de Bravo y Zinacantepec.
Las propuestas fueron integradas en un solo dictamen que incluye tres exhortos formulados por el diputado Rafael Osornio Sánchez (PRI), quien presidió la reunión, para que los ayuntamientos, a la brevedad, adopten medidas relativas a sus funciones administrativas y financieras para la eficiente prestación de estos servicios.
Para que implementen estrategias de recaudación que fortalezcan la hacienda pública, incluso con el apoyo de los beneficios fiscales establecidos en la Ley de Ingresos de los Municipios para el ejercicio fiscal 2017 aplicables a contribuyentes que lleven a cabo la regularización de sus adeudos.
De igual forma, para que, en coordinación con las autoridades federales y estatales competentes, busquen esquemas de solución para optimizar el aprovechamiento del agua, implementen nuevos sistemas para aumentar las reservas de la misma y la captación de agua pluvial, además de crear un programa estatal integral y sustentable de reforestación que responda satisfactoriamente a la dinámica y crecimiento económico del estado y se oriente primordialmente al aumento de los recursos hídricos.
También fue incluido un párrafo propuesto por el diputado Raymundo Garza Vilchis (PAN), para que en los ejercicios fiscales subsecuentes los municipios que soliciten a la Legislatura tarifas de agua diferentes a las establecidas en el Código Financiero, las presenten conforme a la metodología establecida en la normatividad aplicable y sustentadas en un diagnóstico integral realizado previamente por los organismos operadores de agua.
Rafael Osornio señaló que se armonizó el dictamen con la sustitución de las referencias al salario mínimo por la UMA, que el documento es congruente con la política de no crear nuevas contribuciones ni incrementar las existentes y que el diagnóstico permitirá notar eficiencia de los servicios y tener elementos adicionales de análisis.
El legislador José Antonio López Lozano (PRD) anunció el voto de su grupo parlamentario a favor del dictamen, toda vez que no implica aumentos, y se pronunció por enfocar programas para los que sí cumplen y mejorar la recaudación, mientras que Raymundo Garza se pronunció por evaluar el desempeño de organismos y mejorar su eficiencia, además de llamarlos a establecer una tarifa media de equilibrio real y a la aplicación adecuada de los recursos.
El diputado Vladimir Hernández Villegas (morena) dijo que “las condiciones no están dadas para autorizar un incremento” y se sumó al llamado a los ayuntamientos para mejorar su servicio y recaudación, además de pronunciarse por darle seguimiento a los exhortos, en lo que coincidió el diputado Tassio Ramírez Hernández (Verde Ecologista).
En su oportunidad, la diputada María Pérez López (Nueva Alianza) se refirió al agua potable como un derecho fundamental de las familias, por lo que debe promoverse su cuidado y uso racional, instrumentando acciones que contribuyan a generar ahorros.