Al dar la bienvenida al foro ‘Matrimonio igualitario: bienestar para las familias’, el diputado Armando Bautista, coordinador del Grupo Parlamentario del PT y organizador del encuentro, expuso que la iniciativa para reformar el Código Civil del Estado de México y legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo fue propuesta por él a la 56 Legislatura, en 2006.
Sin embargo, agregó, la mayoría política de entonces “era diferente”, por lo que lamentó que el tema se convierta en una cuestión de ideologías, cuando es un asunto de derechos fundamentales, y esos, subrayó, en cualquier parte del mundo se deben respetar.
Al respecto, recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya resolvió a favor de que las personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio y adoptar. “Cuando escuché que la presentaron [la iniciativa en esta Legislatura], dije qué bueno, se me adelantaron, pero hay que cargar banderas de los derechos humanos, porque de pronto escuché algunos comentarios que en verdad me preocuparon, diciendo que es correcto que se casen pero que no adopten”. Lo que tenemos que hacer es lo que mandata la ley a nivel federal, puntualizó el diputado petista.
Adelantó que habrá mesas de diálogo con personas que mantienen una postura en contra de la iniciativa; sin embargo, aclaró, “mi función como abogado debe estar apegada a derecho, centrada en el marco legal, porque como diputados legislamos para todos, con el principio de respeto a los derechos fundamentales, independientemente de las creencias que profesemos”.
Dijo también que más que debate, debe haber conocimiento y comprensión del tema para seguir avanzando. “Hace 40 años ser madre soltera era casi un pecado, hoy ganaron las mujeres ganaron su derecho de aceptar y decidir sobre la maternidad”. Este y otros ejemplos, como el uso del condón, representan un avance, expuso el diputado, y el debate sobre matrimonios igualitarios y sus derechos “en cinco años será anecdótico, porque será una realidad”.
Armando Bautista lamentó la muerte, ocurrida este 27 de febrero, de Israfil Filos Real, activista por los derechos de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual (LGBTTTI), quien por años buscó la reforma al Código Civil del Estado de México para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Por su parte, en la conferencia “Resistencias religiosas y Estado de México”, el teólogo Fray Julián Cruz Alta, con 36 años dedicado a la defensa de derechos humanos, dijo que 90 por ciento de las razones que escucha en contra de los matrimonios igualitarios no vienen del conocimiento, sino de prejuicios, “y las leyes tienen que venir de juicios, la Constitución Mexicana es muy clara”, explicó.
“Las leyes se hacen con ética pública, y la ética pública tiene apellido: derechos humanos”, dijo quien también es fundador de la organización Católicas por el Derecho a Decidir. La ética —continuó— es un mecanismo para buscar la mejor relación con los semejantes, implica dar “buenas razones” jurídicas, sociales, de derechos humanos.
Argumentó que el Estado es laico por ley y para el Estado mexicano todos somos sujetos de derecho, “no hay mexicanos de primera ni de segunda”, y la ley de matrimonios igualitarios es una ley con ética pública, arguyó.
Sobre las circunstancias que evitan que la iniciativa avance, Julián Cruz Alta opinó que hoy en día el sentido del voto ha cambiado, la gente es religiosa pero vota por quien quiere, más los jóvenes, que determinan las elecciones y ahora votan por quienes defienden los derechos.
Alexis Sorel Flores, de la organización civil Democracia y Sexualidad, dijo que actualmente ya no se puede hablar de un modelo familiar único, sino de distintos modelos. “La dinámica social nos coloca en una realidad de diversidad familiar y seguimos observando con una mirada heteronormativa y con tientes homófobos, pero cuando se habla desde el terreno legal, legitimamos y cambiamos el estado de bienestar, señaló.
Por su parte, Hugo Eduardo Santana Martínez, de la organización REDefine, explicó que el matrimonio igualitario se encuentra avalado en la Carta Magna, pues el artículo 1° prohíbe toda discriminación motivada, entre otras causas, por preferencias sexuales. “Si el mayor sustento jurídico de nuestro país garantiza que todas y todos seamos libres de discriminación, ¿por qué todavía los códigos civiles están en contra de un estatuto constitucional?”.
El también mencionó que “la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el año 2015, dictaminó que es anticonstitucional que los Códigos Civiles impidan estas uniones porque violan dicho artículo”.
Sandra Mejía, de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), dijo que México forma parte de la Convención de los Derechos del Niño desde 1990, documento que reconoce a los infantes como sujetos de derechos, y uno de ellos es el derecho a vivir en familia, por lo que es una obligación del Estado reconocer todas las formas de familia, pues el tratado internacional así los ampara.
En ese sentido, señaló, aún hay un largo camino que recorrer, pues es hasta el 2014 cuando se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, además de que tampoco existe un censo o seguimiento de las niñas, niños y adolescentes sin vida familiar, lo que significa que es importante homologar las leyes con la legislación internacional y nacional en materia de derechos de la infancia para garantizarlos.