La 60 Legislatura mexiquense aprobó por unanimidad un exhorto a la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal, en particular a la Coordinación del Programa de Apoyo a la Comunidad (PAC), para que informe sobre el monto de los recursos de este programa que los diputados locales acordaron no ejercer de septiembre a diciembre de 2018.
El punto de acuerdo, propuesto por el diputado Faustino de la Cruz Pérez, en nombre del Grupo Parlamentario de Morena, también solicita conocer a qué partidas se reasignó esta suma, que alcanzó los 62 millones 500 mil pesos, ya que cada legislador dejó de ejercer 833 mil 333 pesos en ese cuatrimestre, en razón de 208 mil 333 pesos mensuales.
El PAC permitía a cada legislador aplicar 2 millones 500 mil pesos al año para la entrega de apoyos y la atención de demandas ciudadanas en sus respectivos distritos electorales.
El exhorto es también para que la dependencia estatal, a través de la Coordinación del PAC, presente un segundo informe sobre los recursos del PAC que en días pasados el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, afirmó que fueron utilizados para costear el documental “El populismo en América Latina” como propaganda contra el candidato Andrés Manuel López Obrador.
El diputado De la Cruz Pérez mencionó que el pasado el 14 de marzo Nieto Castillo presentó avances del seguimiento a diversas cuentas para financiar la serie televisiva y dijo que 2.5 millones de pesos salieron de las cuentas de la Coordinación del PAC, lo que revela, aseguró el legislador, falta de transparencia y rendición de cuentas en el manejo de esos recursos.
Luego de explicar que una de las primeras acciones tomadas por el Grupo Parlamentario de morena en la 60 Legislatura fue presentar un acuerdo, el 13 de septiembre de 2018, mediante el cual los diputados establecieron el compromiso de no usar los recursos del PAC, aseguró que es su responsabilidad solicitar que se transparente el destino de las cantidades no ejercidas y que sí estaban incluidas en el presupuesto del año fiscal 2018.
Lo anterior debido a que, pese a que el PAC tenía como objetivo social atender las necesidades inmediatas de las comunidades, este programa es cuestionado respecto al procesamiento y ejecución de las gestiones, aunado a que dicha función no corresponde a las tareas de los legisladores establecidas en la Constitución Política estatal y en la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Aseguró que el programa estaba viciado en al menos dos sentidos: el primero era el control político de forma implícita que el gobernador en turno tenía sobre las decisiones legislativas de los diputados, y el segundo, la falta de transparencia y rendición de cuentas, métricas de impacto y claridad en la consecución de objetivos de las aplicación de ese dinero.
Aseguró que “la dadiva, el clientelismo y el condicionamiento fueron los sellos del PAC”, y que gran parte del control político-electoral que el PRI sostuvo sobre las comunidades responde a la implementación de este programa por parte de los representantes populares.
Expresó el pronunciamiento de los diputados de su bancada a favor de la transparencia y la rendición de cuentas en todas las acciones de gobierno, “en la búsqueda de la democratización de las instituciones en el Estado y en un acto de congruencia con los principios de morena y del Gobierno de la República”, concluyó.
El punto de acuerdo señala un plazo en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir del siguiente a su notificación para la entrega de la información solicitada.