- El Congreso local pide pulseras GPS de alerta y auxilio para usuarias y capacitación permanente a operadores.
- Plantean reformas para que unidades de alto impacto se ubiquen a menos de 500 metros de zonas habitacionales.
El Congreso local solicitó por unanimidad a la Secretaría de Movilidad que implemente estrategias que aseguren la prevención, atención y erradicación de la violencia de género en el transporte público, como otorgar, a las usuarias, pulseras con localizador con sistema de posicionamiento global (GPS) de alerta y auxilio.
El punto de acuerdo, impulsado por la diputada Ingrid Schemelensky Castro y por los legisladores Enrique Vargas del Villar y Francisco Brian Rojas Cano, refiere que en 2021 la entidad se ubicó en segundo lugar nacional en delitos cometidos en transporte público y en primer lugar en feminicidios, con más de 130 casos registrados, además de que 96% de las mujeres han sido víctimas, por lo menos una vez, de algún acto de violencia en el transporte público, desde agresiones verbales, contacto físico forzado, hasta persecución.
El punto de acuerdo propone campañas que promuevan la prevención y erradicación de la violencia de género en las unidades de transporte público; que se analice la procedencia operativa y presupuestal para que se distribuyan las pulseras GPS y se diseñen protocolos de respuesta ante casos de violencias sexuales hacia las mujeres en el transporte, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Además, pide que se capacite, al menos una vez al año, a operadores en materia de atención, prevención y erradicación de la violencia de género.
Buscan impedir que cantinas y bares se ubiquen cerca de zonas habitacionales
A fin de contrarrestar la contaminación auditiva, la diputada Martha Amalia Moya Bastón propuso reformas a la Ley estatal de Competitividad y Ordenamiento Comercial para evitar que unidades de alto impacto, como bares, cantinas, salones de baile, discotecas, centros nocturnos, botaneros y cerveceros o restaurantes-bar, se ubiquen a menos de 500 metros de zonas habitacionales, al igual que como ya se encuentra establecido para de centros educativos, estancias infantiles, instalaciones deportivas o centros de salud.
La legisladora plantea que cuando estos lugares colinden con una zona habitacional deberán observar condiciones de aislamiento e insonorización, así como límites máximos en decibeles permisibles para las emisiones sonoras dentro de las unidades económicas de las 22:00 a las 06:00 horas.
Además, deberán colocar materiales de aislamiento acústico para no generar ruido o contaminación que afecte la salud de sus usuarios y personal expuesto, así como de las personas que pudieran tener contacto directo o indirecto con la fuente emisora.
Las comisiones de Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Minero, Salud, Asistencia y Bienestar Social y Protección Ambiental y Cambio Climático analizarán la iniciativa.