El derecho de acceso a la información pública y la transparencia, vista como política pública, han propiciado condiciones de igualdad entre los ciudadanos, argumentó Josefina Román Vergara, Comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem), durante una capacitación a servidores públicos de la Comisión Estatal del Agua.
“La intención es que todos los mexicanos tengamos la misma facilidad para acceder a la información, básicamente en la misma estructura”, añadió. Por ello, resulta muy importante que los servidores públicos documenten sus acciones y decisiones, dijo la Comisionada del Infoem, quien agregó que la obligación de rendir cuentas forma parte del hecho de someter los actos de las autoridades al escrutinio público.
En este sentido, Josefina Román Vergara ahondó en la labor del órgano garante del Estado de México, pues subrayó que, si bien el derecho de acceso a la información pública significa dar a conocer el actuar institucional, también debe procurar la correcta salvaguarda de los datos personales, ya que “cuando se trabaja con los datos personales, se trabaja también con la integridad y dignidad de sus titulares”. De esta manera, los servidores públicos deben encontrar el justo equilibrio entre el acceso a la información pública, en el cual se privilegia el principio de máxima publicidad, y la protección de los datos personales, que exige el principio de máxima privacidad.
Los derechos de acceso a la información pública y protección de los datos personales no se contraponen, sino que representan garantías que implican ponderación, ya que “hoy es tan importante entregar la información pública que solicitan los particulares como proteger los datos personales y las bases de datos que, como sujetos obligados, poseemos”, puntualizó la Comisionada del Infoem.
Antes de concluir su participación, Josefina Román Vergara habló de la relevancia de atender las solicitudes de acceso a la información en tiempo y forma, puesto que, luego de la reforma a la ley de la materia, si no se satisfacen los requerimientos de los ciudadanos, el órgano garante nacional (Inai) puede ejercer la facultad de atracción de los recursos de revisión de las entidades federativas, situación que puede evidenciar el incumplimiento de las autoridades en el ámbito nacional.