(VÍA DIFUNET) Con un documento entregado a Cinthya Lobato Calderón, candidata a diputada por el Distrito XI de la capital veracruzana, para sustentar el nuevo Reglamento Estatal de Atención a Víctimas, el Colectivo por la Paz Xalapa calificó como extremadamente grave para Veracruz que el Congreso Federal haya incumplido los plazos legales para aprobar la Ley de Desaparición Forzada, toda vez que en esa entidad el 70% de los casos involucra la participación de una autoridad o funcionario público.
Cinthya Lobato, representante de la coalición Unidos para Rescatar Veracruz enfatizó la gravedad de las desapariciones forzadas que van al alza en varias municipios de Veracruz, pero también condenó la falta de sensibilidad de las autoridades para atender estos casos con premura y sin prejuicios.
En este sentido, Abiram Hernández Fernández, integrante del Colectivo por la Paz señaló que además de la incertidumbre que sufren las familias de las víctimas, en las instituciones públicas prevalece la tendencia a criminalizar y revictimizar a los familiares, que el Estado por su propio interés oculta las cifras de las desapariciones e incluso les niega tal categoría.
Subrayaron que a nivel federal no se ha legislado el tema de las desapariciones forzadas y la Ley General de Víctimas se mantiene en un proceso de revisión que no concluye, teniendo pendiente la construcción de leyes que realmente tomen en cuenta las necesidades de los familiares, donde se busque la reparación integral del daño y puedan acceder al fondo de ayuda y reparación integral.
Cinthya Lobato consideró que sólo el trabajo colaborativo entre sociedad civil y servidores públicos podrá recuperar un Veracruz tan lastimado y superar la indiferencia que impide a la población ver cada desaparición como una tragedia de todos, en lugar de un número más.
Condenaron también el encubrimiento y la falta de investigación por parte de las instituciones, mientras flota como un secreto a voces entre la sociedad veracruzana que esas desapariciones tienen de fondo grandes redes de trata de personas o la incorporación de elementos frescos para el crimen organizado.
Respecto a las cifras alrededor de las desapariciones, coinciden en que estas son inciertas pero que los datos oficiales deben multiplicarse por cuatro, dado que según las diferentes organizaciones civiles sólo uno de cada cuatro casos va a denuncia.
Pero más aún, cuestionaron que del fondo de atención a víctimas para el estado de Veracruz, los responsables no tengan noción del paradero de los 40 millones de pesos que debieron servir para apoyar a las familias y que aún sin reglamento para acceder a ellos, se ejercieron de manera opaca.
Finalmente Lobato Calderón insistió en la necesidad de trabajar con la ciudadanía para fortalecer los mecanismos de denuncia, la creación de un registro estatal de desaparecidos y acelerar los tiempos de búsqueda que pueden hacer la diferencia entre vida y muerte de una víctima.