- Comisiones unidas del Congreso mexiquense avalaron reformas para garantizar derechos para personas con discapacidad y adultas mayores y mujeres; favorecer el acceso a una vivienda digna y establecer un salario seguro, justo y permanente para personas del campo, además de apoyos para quienes se dediquen a la pesca.
- El dictamen conjuntó iniciativas de las bancadas de morena, PRI, MC y de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.
Las comisiones unidas de la LXII Legislatura mexiquense aprobaron, por unanimidad, reformas para elevar a rango constitucional diversos programas sociales a favor de personas con discapacidad, personas adultas mayores y mujeres; buscan garantizar el acceso a una vivienda digna y establecer un salario seguro, justo y permanente para trabajadores del campo, así como apoyos a personas dedicadas a la pesca. Las reformas se basan en iniciativas presentadas por las bancadas de morena, PRI, MC y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.
En reunión de trabajo de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Desarrollo y Bienestar Social, congresistas celebraron las coincidencias que permitieron avalar este dictamen que establece derechos como el de las personas con discapacidad permanente menores de 65 años y todas las personas mayores de esa edad a recibir una pensión no contributiva (sin necesidad de haber trabajado o cotizado previamente).
La reforma constitucional, derivada de las iniciativas de la y los diputados María José Pérez Domínguez, Edmundo Luis Valdeña Bastida y Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo, todos de morena, así como de Mariano Camacho San Martín (PRI) e integrantes de la bancada de MC, también contempla, para personas con discapacidad permanente, la prestación de servicios de rehabilitación y habilitación, con prioridad a niñas, niños y adolescentes.
Además, reconoce el derecho de toda persona a una vivienda digna y adecuada, por lo que el Estado garantizará, de manera progresiva, los instrumentos y apoyos necesarios para alcanzar este objetivo.
Adicionalmente, el Estado asegurará la entrega de un jornal seguro, justo y permanente a las personas trabajadoras del campo que cultiven sus tierras con árboles frutales, maderables y especies que requieran procesamiento. También se otorgará un apoyo anual directo y fertilizantes gratuitos a personas productoras, así como un apoyo anual directo a personas pescadoras (ambos de pequeña escala).
Finalmente, se otorgará un apoyo económico periódico para las mujeres que habiten dentro del territorio estatal y se encuentren en condición de vulnerabilidad.
También se establece que el Estado destinará anualmente los recursos presupuestarios suficientes, oportunos y adecuados, conforme al principio de progresividad y no regresión, para garantizar la transferencia de recursos directos hacia la población beneficiaria. El monto de los recursos asignados no podrá ser disminuido, en términos reales, respecto del que se haya determinado en el ejercicio fiscal inmediato anterior.
El dictamen incorpora el concepto de “desarrollo social” en el artículo 5 de la Constitución local y garantiza el ejercicio —y no solo el acceso, como lo establece la legislación vigente— de los derechos sociales y la dignidad humana.
Al respecto, el diputado Edmundo Luis Valdeña celebró que desde el Congreso mexiquense se envíe un mensaje a la sociedad sobre la capacidad de diálogo y consenso en beneficio de la ciudadanía.
El legislador Octavio Martínez Vargas (morena) calificó la aprobación de estas iniciativas como un hecho de trascendencia histórica. Recordó que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), más de 13 millones de personas salieron de la pobreza entre 2018 y 2024. La parlamentaria Martha Azucena Camacho Reynoso (morena) destacó que las y los diputados reconocen el papel crucial de los programas sociales en la vida de la población.
El parlamentario Mariano Camacho apreció la voluntad política, la disposición al diálogo y las coincidencias para mejorar la calidad de vida de quienes habitan la entidad. También reconoció los avances de la política social, aunque hizo un llamado a atender los retos señalados por la medición de la pobreza multidimensional, especialmente en lo relativo al acceso a servicios de salud.
En respuesta, Octavio Martínez indicó que el sistema de salud está “quebrado” por los gobiernos anteriores, y que la gobernadora está trabajando en coordinación con el gobierno federal para corregir esta situación.
La legisladora Rocío Alexia Dávila Sánchez (PAN) señaló que su bancada refrenda su compromiso con la justicia social y se pronunció por una asignación presupuestal responsable, suficiente y evaluable. Aseguró que los programas deben acompañarse con acciones que fortalezcan las capacidades de las personas, para que puedan vivir con libertad y dignidad, sin depender permanentemente de ellos.
La diputada Ruth Salinas Reyes (MC) destacó, además del apoyo de su bancada a los programas sociales, la importancia de reconocer el derecho a un hogar digno y adecuado, considerando que la crisis de vivienda agrava la desigualdad y perpetúa las brechas de exclusión.