- El objetivo de la iniciativa de la diputada Leticia Mejía (PRI) es que las entidades federativas sean dotadas de competencia para tareas de prevención y combate a la extracción forestal y tala ilegal, actualmente supeditadas a convenios con la Federación.
- La propuesta dirigida al Congreso de la Unión fortalece la coordinación para una respuesta más oportuna frente a los delitos ambientales, coincidieron congresistas de morena, PVEM, PRI y MC.
Comisiones legislativas de la LXII Legislatura del Estado de México aprobaron la iniciativa de la diputada Leticia Mejía García (PRI), aprobaron la iniciativa presentada por la diputada Leticia Mejía García (PRI), dirigida al Congreso de la Unión, con el propósito de ampliar las facultades de las entidades federativas en materia de protección de los recursos forestales.
La propuesta busca fortalecer las acciones de prevención y combate a la extracción y tala ilegal de madera, permitiendo a los estados actuar de manera directa, sin depender de la suscripción de convenios con la federación.
En reunión de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Desarrollo Agropecuario y Forestal, presidida por el diputado Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo (morena), congresistas de morena, PVEM, PRI y MC destacaron que se fortalece la coordinación para una respuesta más oportuna frente a los delitos ambientales.
El dictamen de reformas a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece que la Federación será responsable de emitir las normas y lineamientos técnicos relacionados con las visitas de inspección y labores de vigilancia forestal, así como de supervisar su cumplimiento. Por su parte, las entidades federativas contarán con facultades para llevar a cabo dichas labores y para implementar acciones de prevención y combate a la extracción y tala ilegal, sin que ello dependa de la suscripción de convenios con la Federación.
De aprobarse, los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México contarían con la atribución de participar y coadyuvar en las visitas de inspección y labores de vigilancia, bajo la coordinación de la autoridad estatal respectiva.
La proponente explicó que la iniciativa también responde a la limitada capacidad operativa y a la alta demanda generada por la tala ilegal a nivel nacional, ya que las funciones de inspección y vigilancia están actualmente reservadas a las autoridades federales, y la participación de las entidades federativas depende de los convenios que éstas celebren con la Federación.
Resaltó que, como entidad federativa, “hay que pasar de los dichos a los hechos” en la protección de la cadena de valor de los bosques, para lo cual se requieren las facultades legales que se plantean.
A propuesta de la bancada del PVEM, se agregó un artículo transitorio que establece que las legislaturas locales deberán realizar las adecuaciones jurídicas necesarias para fortalecer sus capacidades institucionales en materia de prevención, inspección, restauración y protección forestal, incluyendo la creación o adecuación de mecanismos o sistemas que permitan integrar acciones de monitoreo, vigilancia y restauración forestal, en un plazo no mayor a 180 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del decreto.
El diputado Esteban Juárez Hernández (morena) destacó que el dictamen permitirá una actuación más oportuna, eficaz y cercana al territorio; fortalecerá la protección de los recursos naturales; impulsará la justicia ambiental y garantizará que las autoridades locales actúen de manera inmediata.
En tanto, la legisladora Angélica Pérez Cerón (morena) refirió que la reforma también respalda a quienes tienen el valor de organizarse para cuidar sus bosques, al tiempo que se pronunció por generar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente.
También de morena, la parlamentaria Paola Jiménez Hernández observó que en el documento no se define la compensación al sustituir el sistema de convenios, ni se establecen mecanismos de financiamiento o fortalecimiento de las capacidades estatales, ni indicadores de efectividad. Además, señaló que la redacción podría interpretarse como una restricción de facultades, mientras que el diputado Octavio Martínez Vargas indicó que la tala ilegal es un serio problema desde hace décadas que se requiere vigilar, entender y corregir.
La legisladora Gloria Vanessa Linares Zetina (PVEM) destacó la importancia del proyecto legislativo, al señalar que este incorporó observaciones de su bancada con el propósito de que la reforma contara con solidez y una visión institucional, capaz de responder a los desafíos ambientales que demandan coordinación, capacidad técnica y presencia territorial permanente.
Del Grupo Parlamentario de MC, la congresista Maricela Beltrán Sánchez resaltó que el dictamen fomenta una responsabilidad compartida entre Federación, estados y municipios, lo cual significa más presencia en territorio, mayor capacidad de reacción y menos excusas frente a la ilegalidad, y afirmó que estarán vigilantes de su eventual aplicación.
En tanto, su compañera de bancada, la parlamentaria Ruth Salinas Reyes, expresó que representa un avance para dejar de ser omisos frente a los delitos ambientales, al tiempo que pidió valorar sanciones para personas servidoras públicas involucradas en organizaciones delincuenciales dedicadas a la tala.