• Estuvo privada de su libertad desde 2021 por un proceso con irregularidades y sin defensa adecuada.
• El caso fue identificado durante una de las jornadas mensuales de salud física y mental de la SeMujeres.
• Se resolvió mediante la aplicación de la Ley de Amnistía, con enfoque de género e interculturalidad.
ALMOLOYA DE JUÁREZ, Estado de México. – En un acto de justicia con perspectiva de género e interculturalidad, el Gobierno del Estado de México logró la liberación de Bonifacia “N”, mujer indígena mazahua y adulta mayor, quien permanecía presa desde 2021 tras un proceso judicial marcado por omisiones y falta de garantías de defensa.
La liberación fue posible gracias a la intervención de la Secretaría de las Mujeres (SeMujeres), la Consejería Jurídica —a través del Instituto de la Defensoría Pública (IDP)— y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM).
Bonifacia “N” se encontraba interna en el Centro de Prevención y Reinserción Social de Santiaguito, en el municipio de Almoloya de Juárez, tras ser sentenciada por el delito de homicidio.
No obstante, su caso se desarrolló en un contexto de violencia familiar, situación que enfrentan muchas mujeres en condiciones de desigualdad estructural y que no fue debidamente considerada durante el proceso judicial.
Mónica Chávez Durán, Secretaria de las Mujeres, explicó que el caso fue identificado durante una de las jornadas mensuales de salud física y mental que la SeMujeres realiza en centros penitenciarios de la entidad, espacios en los que se informa a las mujeres privadas de libertad sobre los servicios disponibles.
En septiembre de 2024, el IDP presentó ante la CODHEM un proyecto de amnistía con base en la Ley de Amnistía del Estado de México. En este documento se demostró que Bonifacia había sido víctima de violencia constante, que pertenecía a un pueblo indígena y que en su juicio no se respetó el debido proceso.
Debido a que el delito por el que fue sentenciada se considera de alto impacto, la Ley establece que solo un organismo de derechos humanos puede solicitar la amnistía; por ello, con los argumentos del IDP, la CODHEM llevó el caso ante el Poder Judicial.
Como parte del procedimiento, el IDP cubrió el pago de la reparación del daño, mientras que la SeMujeres asumió la multa, garantizando así las condiciones jurídicas necesarias para que la Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial otorgara la amnistía.
Este resultado se enmarca en las directrices de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien ha reiterado su compromiso con el acceso a la justicia, la igualdad sustantiva y el respeto a los derechos humanos de las mujeres.