- Ningún costo de maniobra y arrastre podrá ser superior a la infracción
- Que las grúas tengan cámaras para evitar corrupción y garantizar el buen traslado de las unidades.
Los diputados locales del PAN, Edgar Olvera Higuera e Ingrid Krasopani Schemelensky Castro presentaron una iniciativa de reforma al Código Administrativo del Estado de México a fin de inhibir posibles actos de corrupción, relacionados con el arrastre y las sanciones en los corralones; también se propone que en ningún caso, el costo de la maniobra y arrastre realizado por la grúa oficial, autorizada, permisionada o concesionada, sea mayor a la infracción, y pretende que las grúas cuenten con cámaras de video en lugares adecuados que permitan garantizar la integridad de los vehículos y eviten actos de corrupción.
Desde la máxima tribuna de la entidad, el diputado Edgar Olvera señaló que la iniciativa busca mejorar los servicios auxiliares y garantizar los derechos de los conductores, así como inhibir y prevenir prácticas de corrupción.
El legislador mencionó que la ley en materia de seguridad vial debe representar un cambio sustancial en el desempeño de la autoridad, garantizando los derechos y obligaciones de los conductores y peatones; explicó que “el desconocimiento del reglamento de tránsito, no exime a los conductores de cumplirlo, sin embargo, el desconocimiento y la complicidad crean condiciones que podrían convertirse en actos de corrupción durante el proceso de multa y arrastre”.
Olvera Higuera detalló que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2018, realizada por el INEGI, reveló que la policía de tránsito registra un nivel de percepción de corrupción del 77.3%, y cuenta con el nivel de percepción de confianza más bajo.
“El traslado de un vehículo con la grúa hacia los corralones, más que ser un mecanismo que mejore las condiciones de tránsito vehicular, se ha convertido en una forma de extorsión que exhibe la corrupción hacia el conductor por parte de la policía de tránsito y de los servicios auxiliares, estos actos entorpecen la seguridad vial contrario a la optimización, por otro lado los conductores en su mayoría son el blanco de señalamientos infundados que obligan al pago de infracciones, y de ser responsables, la autoridad carece de credibilidad en sus funciones, generando un círculo vicioso que trae como resultado la inaplicación normativa”, agregó.
El diputado Edgar Olvera señaló que el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno de Transparencia Mexicana, califica a las entidades federativas y a los tramites con mayor corrupción, donde: evitar ser infraccionado o detenido por un agente de tránsito obtuvo 68 puntos; estacionarse en la vía pública en lugares controlados por personas que se apropian de ellos, registró 61 puntos; y evitar que un agente de tránsito se lleve el automóvil al corralón y sacar el automóvil del mismo, obtuvo 59.7 puntos; y reveló que las tres entidades que presentaron un mayor nivel de corrupción fueron la Ciudad de México con 17.9 puntos, el Estado de México con 16.4 puntos y Guerrero con 16 puntos.
La iniciativa presentada por los diputados locales del PAN pretende reformar los artículos 7.38, 7.60 y 7.70 del Código Administrativo del Estado de México, para que la Secretaría de Movilidad tenga dentro de sus atribuciones, determinar las tarifas por el servicio de arrastre y almacenamiento de vehículos, los cuales nunca serán mayores al costo de la multa impuestas por las autoridades judiciales o administrativas.
Y además de las cámaras de video, contempla que los vehículos destinados para prestar el servicio de grúa, deberán contar con una antigüedad no mayor a diez años, a partir del año de su fabricación.
