Al considerar que los derechos indígenas no son suficientemente conocidos ni comprendidos por la sociedad y el gobierno, la diputada Juliana Felipa Arias Calderón, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, reiteró el compromiso de la 60 Legislatura de difundir la información necesaria para generar un cambio de conciencia con perspectiva intercultural.
En el seminario ‘Los derechos indígenas y el derecho a la consulta. Los retos hacia la transformación’, celebrado en el salón Benito Juárez de la Casa del Pueblo, la legisladora subrayó la importancia del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales de 1989, considerado el principal instrumento internacional en esta materia.
La diputada resaltó que el convenio (ratificado en 2016 por 22 naciones, entre ellas México) representa un paso trascendental en los esfuerzos de la comunidad internacional para garantizar el respeto a los derechos fundamentales tendientes a la igualdad de oportunidades y de trato para grupos que se encuentran en situación de desventaja y exigen garantías mínimas para lograr un trato equitativo en la sociedad.
Durante el evento, al cual también asistieron las diputadas Elba Aldana Duarte y María Elizabeth Millán García, de morena, y Reneé Alfonso Rodríguez Yánez, del PAN, la legisladora Arias Calderón recordó que el convenio tiene dos postulados básicos: el respeto a las culturas, formas de vida e instituciones tradicionales de los pueblos indígenas, y la consulta y participación efectiva de estos pueblos en las decisiones que les afectan, premisas sobre las cuales se deben interpretar sus disposiciones.
Al seminario acudieron representantes de los ayuntamientos, regidores, encargados de las áreas de asuntos indígenas y representantes indígenas de los 43 municipios con pueblos originarios, así como defensores municipales de derechos humanos y funcionarios relacionados con temas de participación ciudadana, a quienes la diputada Arias Calderón exhortó a la unidad y participación para que sean ellos mismos los precursores de políticas públicas que hagan prevalecer y fortalecer sus derechos.
Sobre los trabajos realizados por la 60 Legislatura en el tema, Aucencio Valencia Largo, secretario técnico de la Comisión de Asuntos Indígenas, informó que actualmente están en análisis de comisiones legislativas dos iniciativas: una sobre el establecimiento de funciones específicas para los representantes indígenas en los ayuntamientos y otra respecto a la expedición de la Ley de Consulta de los Pueblos Indígenas del Estado de México y Municipios e incorporación de los principios para que una consulta a una comunidad indígena sea válida y cumpla con estándares internacionales.
El seminario contó con ponencias sobre derechos humanos, derechos indígenas y derecho a la consulta, las cuales fueron dictadas por Juana Inés Jiménez Perdomo, representante en México para la atención de grupos vulnerables de la Organización Internacional de Derechos Humanos Canadiense (CHRIO); Regino Héctor Velázquez Jiménez, presidente de la Comisión Permanente del Congreso Interamericano de Pueblos Originarios y Migrantes, y Carlos Moreno Derbez, director de Participación y Consulta Indígena del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).
En su participación, Juan Inés Jiménez recalcó que para la creación de políticas públicas con perspectiva de derechos humanos se debe considerar la participación plena de las comunidades indígenas y subrayó la necesidad de generar proyectos transversales que trasciendan los periodos gubernamentales, por lo que es menester establecer una legislación que garantice que los beneficios para los pueblos originarios no se afectarán por los cambios de las administraciones.
En su intervención, Regino Héctor Velázquez, presidente de la Comisión Permanente del Congreso Interamericano de Pueblos Originarios y Migrantes, destacó que la generación actual está llamada a ajustar y alinear las políticas públicas o lineamientos internacionales para lograr una mejor sociedad, más libre y más justa en materia de defensa de los derechos indígenas, e indicó que se debe generar un marco normativo que privilegie los programas que no obedezcan a otro interés que no sea el beneficio de los pueblos originarios.
en su ponencia, Carlos Moreno, director de Participación y Consulta Indígena del INPI, compartió los detalles sobre la Consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas y afroamericano, que se realizará del 21 de junio al 28 de julio de 2019 a través de foros regionales en todo el país, con la cual se armonizarán el Convenio 169, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las múltiples declaraciones internacionales para reconocer los derechos a los pueblos indígenas y con ello buscar una política de Estado que modifique la relación entre los pueblos indígenas, el gobierno y la sociedad.
También se ofreció la conferencia magistral ‘La experiencia de legislación indígena en el estado de San Luis Potosí’, impartida por Agustín Ávila Méndez, profesor-investigador del Colegio de San Luis Potosí, quien narró cómo esa entidad se convirtió en la primera en realizar un proceso de consulta indígena sobre los cambios normativos requeridos con la entrada del Sistema Penal de corte Acusatorio y Adversarial; todo ello con la aprobación del Congreso potosino de la Ley de Justicia Indígena y Comunitaria del Estado en septiembre de 2014.