Octavio Martínez destaca beneficios de la nueva ley orgánica del poder judicial en Edomex

Toluca, Méx.- El diputado Octavio Martínez Vargas dio a conocer los alcances de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, aprobada por el Congreso mexiquense, la cual, afirmó, busca poner fin a la impunidad y garantizar el acceso real a la justicia para la ciudadanía.

El legislador explicó que la nueva norma está integrada por 81 artículos y 15 transitorios, y establece la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, un órgano encargado de sancionar a jueces, magistrados y servidores judiciales que incurran en actos de corrupción o se aparten de la ley.

“Hasta hoy, no hay un solo juez sancionado en la entidad, pese a resoluciones contrarias a la ley y a múltiples irregularidades. Con esta reforma se abre la posibilidad de que cualquier conducta indebida sea investigada y castigada”, puntualizó Martínez Vargas.

El diputado señaló que actualmente el Estado de México cuenta con alrededor de 380 jueces, muchos de ellos honorables, pero también existen casos de corrupción que deben ser erradicados. La nueva estructura contempla además un órgano de administración que regulará no solo la parte operativa, sino también la asignación de recursos e institutos judiciales.

La reforma, dijo, responde al compromiso con el Estado de derecho y al objetivo de avanzar hacia un sistema judicial transparente y sin privilegios. “Se trata de que la justicia en el Estado de México sea accesible, clara y libre de corrupción”, subrayó.

Martínez Vargas rechazó las críticas de Movimiento Ciudadano, que calificó la reforma como una imposición. “No hubo ninguna gandalla. Los partidos tuvieron la oportunidad de presentar iniciativas en esta materia y no lo hicieron. Nosotros actuamos conforme a la Constitución”, expresó.

Finalmente, adelantó que la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica se concretará con su publicación oficial y la instalación de los nuevos órganos de justicia, lo que consideró “un beneficio directo para la ciudadanía que exige jueces responsables y un poder judicial a la altura de los tiempos”.