Los grupos parlamentarios de morena, PRD, PT y PVEM pidieron al secretario de Desarrollo Social, Eric Sevilla Montes de Oca, no hacer uso clientelar de los programas sociales, mientras que la legisladora Lilia Urbina Salazar, del PRI, reconoció el impulso del gobierno del Estado de México a programas sociales para reducir la pobreza, entre ellos, la entrega de canastas alimentarias destinadas a personas en situación de vulnerabilidad.
Al comparecer ante el Pleno legislativo por la glosa del segundo informe del gobernador Alfredo del Mazo Maza, el secretario fue cuestionado por la diputada de morena Mariana Uribe Bernal respecto de la insuficiencia de las estrategias para acabar con la pobreza, la cual, dijo, “es parte del discurso político del que muchos se aprovechan prometiendo cambiar el destino de la población y creando programas sociales que siempre terminan siendo una herramienta electorera”.
Mariana Uribe, presidenta de la Comisión Legislativa para la Igualdad de Género, criticó el programa Salario Rosa, pues, afirmó, no ha logrado revertir la pobreza, no ayuda al empoderamiento de las mujeres ni a lograr una democracia igualitaria, y mucho menos representa una política no discriminatoria ni inclusiva. Preguntó en dónde se encuentran los recursos a los que fueron acreedoras miles de mujeres que hoy ya no reciben ese salario.
En coincidencia, su compañera de bancada, Rosa María Zetina González, dijo que este programa se ejerce de manera discrecional, y adelantó que morena buscará que en los programas de desarrollo social se aplique el principio de universalidad, como lo hace el gobierno federal. Además, cuestionó que no se hayan ejercido recursos en favor de los pueblo originarios mexiquenses, y puso como ejemplo el programa Familias Fuertes Desarrollo Integral Indígena.
Por el PRI, la diputada Lilia Urbina Salazar citó cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que indican que alrededor de 3.5 millones de mexiquenses presentan carencias en el acceso a la alimentación, por lo que preguntó por las estrategias para reducir estos niveles y cuáles son los grupos sociales de atención prioritaria. Pidió al secretario información sobre las acciones concretas para que los jóvenes tengan a su alcance mayores oportunidades de desarrollo, luego de recordar que en el estado viven más de 5.5 millones de jóvenes de entre 12 a 29 años.
Por otro lado, tras destacar que dos millones de mexiquenses tienen 60 años o más, el diputado Edgar Armando Olvera Higuera, del PAN, señaló la responsabilidad del gobierno de replantear sus programas en materia de salud, alimentación, infraestructura, cultura y recreación para apoyarlos, y preguntó por los mecanismos de coordinación con el gobierno de la República ante la puesta en marcha de la pensión universal para adultos mayores, así como sobre las acciones de la Secretaría orientadas a la clase media, que no califica en los índices de pobreza pero que requiere apoyo para no descender en el escala social.
Del PT, la diputada Imelda López Montiel se pronunció a favor de que los recursos económicos y materiales destinados a la Secretaría sean manejados con absoluta honestidad y transparencia y se dejen de lado los apoyos clientelares. Señaló que aun cuando que existen 420 mil personas reconocidas como indígenas, falta que lleguen a ellos los programas sociales, y cuestionó específicamente sobre cuál es el mecanismo para que las mujeres mazahuas sean beneficiadas por otros programas y no solamente por el Salario Rosa.
La diputada Marta Ma del Carmen Delgado Hernández, también petista, expuso que 7.5 millones de mexiquenses no cuentan con las condiciones mínimas para una vida digna, y aseguró que el desarrollo social debe ser uno de los temas centrales en la agenda pública. Preguntó al secretario qué acciones se van a implementar para reducir la pobreza y la marginación en la entidad.
Araceli Casasola Salazar, integrante de la bancada del PRD, afirmó que las políticas sociales implementadas por el gobierno estatal “no están dando resultados satisfactorios”. Sobre el Salario Rosa pidió al secretario garantizar que no se convierta en un programa clientelar; preguntó quién decide la incorporación de las mujeres y qué mecanismos se utilizan para ello, y pidió un indicador que demuestre que las mujeres mexiquenses han mejorado su vida y sus ingresos como consecuencia de la aplicación de este programa.
La legisladora Julieta Villalpando Riquelme, coordinadora del Grupo Parlamentario del PES, destacó que la Secretaría de Desarrollo Social solo ha gastado 2 mil 512 millones de pesos de los 5 mil 132 millones autorizados (48.9%), por lo que preguntó cuáles son las razones del retraso en el ejercicio de estos recursos y cuáles son los grupos más afectados por esta situación. También solicitó información sobre cómo se desarrollan las capacidades de la población indígena y de los más pobres para que alcancen la autosuficiencia y no dependan de un apoyo social.
Del PVEM, la diputada María Luisa Mendoza Mondragón cuestionó al secretario a propósito de las políticas de inserción de los adultos mayores en la vida productiva; del presupuesto y los resultados en materia de violencia contra las mujeres, y de las acciones en beneficio de los jóvenes. Aseguró además que “el campo se ha convertido en rutas de encuestas y aplicación de programas sociales que la gente ve como dádivas”, pero la realidad es que no le dan herramientas para salir de la pobreza.
La congresista Juliana Felipa Arias Calderón, del grupo de diputados sin partido, puntualizó que hay una contradicción cuando se afirma que la administración ha impulsado una política de inclusión y de respeto a los pueblos indígenas, pues en realidad solo se “medio atiende a los hablantes de alguna lengua indígena”, y afirmó que sigue existiendo opacidad en el manejo de los programas sociales. Preguntó a cuántos indígenas se ha beneficiado con los programas de la secretaría, cómo y quién asigna los recursos y bajo qué criterios.
En tanto, el diputado Carlos Loman Delgado pidió explicar en qué medida las políticas estatales han contribuido a reducir los índices de marginación y pobreza y a solventar las necesidades de los mexiquenses.
En su respuesta a los legisladores, el secretario Eric Sevilla sostuvo que en este segundo año de gestión se robusteció el Programa de Salario Rosa mediante su especialización y la incorporación de un mayor número de dependencias, se amplió el padrón de beneficiarios de la canasta alimentaria y se dio prioridad a la ejecución de proyectos productivos para impulsar el autoempleo y promover la generación de ingresos.
Destacó la entrega de 2.4 millones de paquetes alimentarios que beneficiaron a 569 mil personas en condiciones de pobreza alimentaria, la creación de ocho nuevos programas en favor de las mujeres y los beneficios a más de 204 mil mujeres con recursos monetarios.
Detalló que a septiembre de 2019 se había entregado el 46% de los recursos del Salario Rosa y 62.66% de programas para adultos mayores, aunque especificó que empezaron a operar en marzo o abril, por lo que la dispersión de los apoyos es paulatina; descartó que haya un subejercicio de los recursos; especificó que a la clase media se le apoya con servicios de educación, salud, infraestructura y empleo, y resaltó que los gastos de operación de la Secretaría son menores a la media nacional.
Defendió que los programas sociales forman parte de una estrategia transversal en la que participan los tres órdenes de gobierno para atender zonas focalizadas con más carencias y alta vulnerabilidad, de acuerdo con los indicadores nacionales, y subrayó que el Salario Rosa dignifica a las mujeres en el desarrollo de capacidades y en su empoderamiento, además de que genera un esquema de productividad que contribuye al desarrollo económico de las microcomunidades y, en algunos casos, a la superación educativa de las beneficiarias.