- El Magistrado Presidente encabezó la presentación de compromisos y acciones que consolidan un modelo transparente, incluyente y cercano.
- La declaratoria se traduce en hechos: observatorios, programas itinerantes y herramientas accesibles para la ciudadanía.
El Poder Judicial del Estado de México reafirmó su compromiso con la Justicia Abierta al presentar el cumplimiento de los compromisos derivados de su Declaratoria. “Asumimos con plena responsabilidad y convicción la misión de salvaguardar los derechos humanos y la dignidad de las personas. Nuestro propósito es inequívoco: contribuir a forjar una sociedad más justa, igualitaria, equitativa e incluyente” afirmó el Magistrado Presidente, Fernando Díaz Juárez, al encabezar el acto celebrado en el Museo Foro de la Esperanza, en Amecameca.
Acompañado por Peter Sharp Vargas, representante de la Red Internacional de Justicia Abierta, Díaz Juárez resaltó que este modelo implica romper paradigmas y abrir las instituciones a la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas, situando a las personas en el centro de la función jurisdiccional. Enfatizó que el reto va más allá de la firma de documentos: “Tenemos que cambiar completamente un paradigma que empieza dentro de nuestra institución, al asumir y abrazar un compromiso social que nos legitime y permita que la ciudadanía conozca lo que se hace y se hace bien en este Poder Judicial”.
El titular del PJEdomex también subrayó que el Observatorio de Justicia de los Pueblos Originarios y Comunidades Afrodescendientes no puede quedarse en “buenas intenciones”, pues requiere acciones concretas. En este marco, se entregó simbólicamente la Política de Justicia Abierta, la Guía de Sentencias en Lenguaje Ciudadano, materiales en braille y lenguas originarias; el Código de Ética en formato accesible e infografías que fortalecen la cercanía con la ciudadanía.
Sharp Vargas reconoció el liderazgo de Díaz Juárez al frente del Poder Judicial: “El Magistrado Presidente entrega la institución con la misión cumplida, al haber transformado el poder en servicio y convertido la justicia abierta en una práctica cotidiana”. Agregó que la mejor forma de consolidar este modelo es con hechos: “La mejor forma de decir es hacer. El verbo tiene vida cuando hay acción y un día el verbo y la forma de hacer es en clave de justicia”.
En la exposición de motivos, la Consejera de la Judicatura Cristel Pozas Serrano recordó que la Declaratoria firmada el 26 de febrero marcó un parteaguas en la forma de impartir justicia. Resaltó que, desde entonces, se integraron equipos multidisciplinarios, se transformaron comités de transparencia en órganos especializados, se aprobó un Plan de Desarrollo con la democratización como eje y se creó el Observatorio de Pueblos Originarios.
Además, mencionó la puesta en marcha de programas itinerantes que llevaron servicios a 35 municipios. “La Declaratoria no es un documento simbólico, sino una hoja de ruta viva que orienta nuestras acciones”, aseguró.
Pedro Jorge Isaac González, titular de la Unidad de Transparencia, agradeció al Magistrado Presidente por el impulso a esta política, a la consejera Pozas por su liderazgo y a Sharp Vargas, a quien reconoció como “paladín de la justicia abierta en Latinoamérica”. Recalcó que esta política es integral, inclusiva y se construye en diálogo permanente con la sociedad.
En este acto participaron Magistradas, Magistrados, Juezas, Jueces, integrantes del Consejo de la Judicatura, asociaciones de abogados, representantes de la academia, la sociedad civil y de organizaciones como World Justice Project. También asistieron Ivette Topete García, presidenta municipal de Amecameca, y Luis Galicia Guzmán, secretario del Ayuntamiento, además de la vocal propietaria del pueblo migrante náhuatl, Clara Soancatl Cuautle, y la coordinadora de Investigación de Juicio Justo, Alejandra Quezada.