- El diputado Gerardo Pliego (morena) propuso el reconocimiento legal de los sistemas municipales anticorrupción, con el objetivo de sentar principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para su coordinación con las autoridades estatales en la materia.
- La iniciativa propone que estos sistemas se orienten a la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como a la fiscalización y control de recursos públicos, la transparencia y la rendición de cuentas.
Debido a que las demarcaciones carecen de un marco jurídico propio en materia de sistema municipal anticorrupción, lo que genera confusión en su implementación y combate, el diputado Gerardo Pliego Santana (morena) propuso reconocerlos legalmente y establecer que, entre sus objetivos, se definan principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para su coordinación con las autoridades estatales en la materia.
De acuerdo con la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal, presentada por el legislador Vladimir Hernández Villegas (morena), la incorporación del sistema municipal anticorrupción en esta norma tiene como objetivo fortalecer la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción.
Asimismo, busca robustecer la fiscalización y el control de los recursos públicos, así como garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, en congruencia y alineación con el Sistema Nacional Anticorrupción.
La propuesta, expuesta en sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense, dispone que se conforme con integrantes de los comités Coordinador, de Participación Ciudadana y Rector del Sistema Estatal de Fiscalización.
Se establece que los honorarios de las personas integrantes de los comités municipales de participación ciudadana serán cubiertos con cargo al presupuesto de la hacienda local, y que se les dotará de los elementos materiales necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
El documento señala que este vacío legal se expresa en personas servidoras públicas que inician sus funciones sin comprender cómo coordinar esfuerzos, órganos que trabajan sin sincronía, procesos que se repiten sin resultados y decisiones no aptas.
“No porque quienes llegan carezcan de voluntad, sino porque el marco legal no les ofrece las herramientas suficientes para actuar con certidumbre, claridad y orden”, enfatiza.
En este contexto, apunta que el combate a la corrupción no puede improvisarse, sino que debe construirse y sustentarse en normas claras, instituciones fuertes y participación ciudadana activa, así como que debe sentirse no como un trámite, sino como un compromiso moral con la gente.