- La diputada Susana Estrada, del Grupo Parlamentario de morena (GPmorena), propuso que se instalen cámaras de vigilancia en exteriores y áreas comunes de estas unidades económicas.
- La iniciativa también plantea políticas de prevención y denuncia de posibles casos de abuso o explotación sexual en estos negocios.
Al señalar que los comercios dedicados al hospedaje constituyen un entorno sensible para la seguridad de niñas, niños y adolescentes, al poder ser utilizados para su abuso y explotación sexual, la diputada Susana Estrada Rojas (morena) propuso que las personas propietarias de estos establecimientos instalen cámaras de vigilancia en exteriores y áreas comunes, así como implementen políticas de prevención y protocolos de denuncia ante posibles casos en sus negocios.
La iniciativa de reforma a la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial de la entidad plantea también que en estos establecimientos se registren formalmente a todas las personas menores de edad que ingresen como huéspedes, y que se exhiban, de forma visible, materiales informativos sobre la prevención del abuso sexual infantil.
Asimismo, que las personas operadoras implementen políticas internas y protocolos de actuación específicos para prevenir y denunciar estos casos; capaciten a su personal en la identificación de signos de violencia hacia niñas, niños y adolescentes y en la respuesta adecuada ante situaciones de riesgo; y proporcionen a las y los huéspedes información sobre los mecanismos de denuncia, incentivando activamente su uso.
La legisladora expuso que este tipo de abusos es especialmente grave en contextos de alta movilidad, anonimato y ausencia de controles internos, como ocurre en establecimientos donde no existe vigilancia, protocolos ni capacitación del personal para detectar signos de riesgo. Explicó que diversos estudios han documentado cómo ciertas redes criminales se aprovechan de la debilidad institucional y de la falta de regulación del sector para explotar sexualmente a menores de edad.
Tras señalar que la legislación mexiquense carece de disposiciones específicas que obliguen a estas unidades económicas a implementar medidas efectivas de prevención, detalló que el informe “Violencia sexual contra la niñez y la adolescencia en México 2010–2023”, de la Red por los Derechos de la Infancia en México, registra que en esta entidad, Jalisco y Veracruz se concentró uno de cada tres casos reportados en el país durante 2023.
Para 2024, precisó, el Estado de México acumuló el 14.4 por ciento de todos los casos nacionales de violencia sexual infantil atendidos en hospitales ese año, con mil 631 víctimas, de las cuales el 92.3 por ciento eran niñas y adolescentes mujeres.
Por último, indicó que la propuesta no busca criminalizar ni obstaculizar la actividad económica de las unidades de hospedaje, sino dotarlas de un marco claro que fortalezca su responsabilidad social y su compromiso con la legalidad.