- Precisa las obligaciones del GEM y ayuntamientos y garantizar presupuesto su cumplimiento.
- La propuesta fue elaborada con ONU Mujeres a través de la iniciativa Spotlight.
Derivado de las debilidades de la Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) y el incremento de los feminicidios, la diputada Karina Labastida Sotelo propuso precisar las obligaciones del gobierno estatal y de los municipios para la alerta y para asignar el presupuesto necesario para su implementación; así como que colectivos o grupos de familiares de víctimas pueden ser peticionarias de las alertas.
La iniciativa de reformas la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y al Reglamento del Poder Legislativo, todas de la entidad, elaborada, en conjunto con ONU Mujeres a través de la iniciativa Spotlight, busca que el Estado cumpla su deber en materia de prevención y eliminación de la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres, como el de adoptar políticas para prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de violencias.
Entre otras adecuaciones, incluye la definición de violencia feminicida como producto del ejercicio abusivo del poder; incorpora, como parte de la violencia feminicida, el suicidio y las muertes evitables, así como otro tipo de conductas que no impliquen la pérdida de la vida, pero sí otras violaciones a los derechos de las mujeres.
Especifica que las AVGM son las acciones que deberán ser realizadas de forma coordinada entre autoridades de los tres niveles de gobierno; define los objetivos de la alerta y las acciones que deberán instrumentarse por parte de las autoridades una vez decretada, así como los supuestos para la activación de la alerta de violencia, entre otras.
La legisladora explicó que el Congreso de la Unión fortaleció el mecanismo a través de un decreto emitido en abril de 2022 con el que se reformaron disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de AVGM, por lo que su propuesta busca armonizar y homologar las disposiciones jurídicas estatales.
La propuesta fue sometida a dictamen de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición.