- La iniciativa del Grupo Parlamentario del PVEM, que coordina José Alberto Couttolenc, considera como extorsión la imposición de calcomanías en el transporte público para identificar a quienes han pagado “derecho de piso” o marcar control territorial de grupos delictivos.
- Se aplicarían penas de 40 a 70 años de prisión, o prisión vitalicia, por esta conducta, y se contempla retirar de circulación los vehículos que porten estos adhesivos, distintivos, logotipos, emblemas, leyendas o cualquier tipo de identificación visual no autorizada por la Secretaría de Movilidad estatal.
Ante el uso de calcomanías o stickers en el transporte público que son utilizados para marcar la visibilidad del control territorial de algunos grupos delictivos e identificar a quienes han pagado cuotas ilegales conocidas como “derecho de piso”, el Grupo Parlamentario del PVEM (GPPVEM) propuso incluir, entre los supuestos del delito de extorsión, la imposición del uso de estos adhesivos, distintivos, símbolos u otras señales que se relacionen con la delincuencia organizada o que no estén aprobados por la Secretaria de Movilidad, con el objeto de poner en riesgo la seguridad de las personas conductoras y usuarias.
Además de tipificar esta conducta con penas de 40 a 70 años de prisión, o prisión vitalicia, y de 700 a 5 mil días multa, la iniciativa de la bancada, coordinada por el diputado José Alberto Couttolenc Buentello, también establece hasta 10 años de prisión y 600 días multa a quien conduzca una unidad que porte estos adhesivos, o bien distintivos, emblemas, leyendas o cualquier otro elemento visual que aluda o represente a organizaciones criminales, sindicatos, uniones u organizaciones no autorizadas ni reguladas oficialmente.
Adicionalmente, propone retirar de circulación los vehículos del transporte público que porten calcomanías, distintivos, logotipos, emblemas, leyendas o cualquier tipo de identificación visual no autorizada por la Secretaría de Movilidad estatal y cuando el vehículo ostente los colores, emblemas o elementos gráficos de agrupaciones, federaciones, sindicatos u organizaciones no reconocidas oficialmente por la autoridad competente, independientemente de que se autodenominen defensoras de los derechos de las personas transportistas.
Asimismo, cuando la persona conductora o propietaria modifique, altere, sustituya u oculte, de forma parcial o total, los elementos de identificación autorizados, incluyendo aquellos colocados en vidrios, puertas, toldos o carrocería y cualquier otro acto, omisión o alteración de la imagen vehicular que comprometa la seguridad, legalidad, transparencia o identificación pública del servicio.
También aplicará el retiro de circulación cuando el vehículo no coincida con los datos registrados en el padrón oficial (número, placas, color o tipo de unidad), carezca de los distintivos oficiales, preste el servicio sin estar registrado o circule con una concesión suspendida o revocada conservando sus distintivos.
Respecto a las reformas al Código Penal, la iniciativa leída por el legislador Isaías Peláez Soria (PVEM) establece la imposición de dos a cinco años de prisión y de 100 a 300 días multa a quien conduzca un medio de transporte público local que porte los distintivos no autorizados, pero, si en la comisión de un delito grave, se conduce o utiliza un vehículo en esta situación, las penas se duplicarán (aunque la agravante no se aplicará a los delitos culposos).
Asimismo, al que, sin estar facultado legalmente, coloque o porte en el medio de transporte público local calcomanías, distintivos o emblemas que simulen pertenecer a corporaciones oficiales, sindicatos registrados, uniones reconocidas o cualquier otra organización con fines de intimidación, usurpación de funciones, evasión de autoridad o inducción al error, se le impondrá de uno a tres años de prisión y de 50 a 200 días multa.
La iniciativa señala que, de acuerdo a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de México, la extorsión provoca el cierre de más de 10 mil establecimientos al año en el país, especialmente en estados como Guerrero, Veracruz, Michoacán, Morelos y el Estado de México, y que tan sólo en la entidad mexiquense las pérdidas derivadas del cobro de piso ascienden a 2 mil 300 millones de pesos anuales.