- La diputada Zaira Cedillo (morena) presentó ante el Congreso la iniciativa conocida como “Ley Malena”, que propone sancionar con hasta 33 años y cuatro meses de prisión los ataques cometidos con sustancias corrosivas, ácidas o químicas.
- La propuesta busca que el Estado de México se sume a las 13 entidades del país que ya han aprobado la “Ley Malena” o normas equivalentes, inspiradas en el caso de la saxofonista María Elena Ríos Ortiz.
La diputada Zaira Cedillo Silva (morena) propuso tipificar la violencia ácida o química como un delito autónomo, con penas de hasta 20 años de prisión si el ataque causa desfiguración permanente en el rostro, cabeza, cuello, mamas o genitales, o bien la pérdida o disminución definitiva de la función de algún órgano o sentido. Cuando el ataque se cometa contra mujeres por razones de género, la sanción podrá alcanzar hasta 33 años y cuatro meses de prisión.
De acuerdo con la iniciativa, a la que se le conoce como ‘Ley Malena’ —por el caso de la saxofonista María Elena Ríos Ortiz, víctima de un ataque con ácido en 2019—, cuando las lesiones se produzcan dolosamente mediante el uso de ácidos, sustancias corrosivas, cáusticas, irritantes, tóxicas o inflamables, se impondrán hasta 15 años de prisión, además de la obligación de reparar integralmente el daño, cubriendo cirugías reconstructivas, rehabilitación, prótesis y compensación económica a la víctima.
“En el año 2022, en el Código Penal Federal se tipificaron las agresiones de sustancias corrosivas, pero al tratarse de delitos del fuero común, corresponde a los congresos locales establecer los tipos penales específicos y las medidas de atención. En el Estado de México no nos podemos quedar atrás, no podemos ser indiferentes, tenemos que ser un referente en la defensa de la vida y la integridad de las mujeres”, señaló la proponente durante sesión deliberante.
Las modificaciones propuestas al Código Penal estatal establecen que se considerará ataque con sustancias corrosivas o químicas cuando la persona arroje, vierta, aplique, administre o ponga en contacto con el cuerpo de otra, por cualquier medio, ácidos, álcalis (compuesto químico), solventes, inflamables u otros agentes que, por su naturaleza, provoquen corrosión, necrosis o quemaduras químicas o térmicas.
El documento detalla que las lesiones ocasionadas mediante el uso de sustancias corrosivas, ácidas o químicas serán sancionadas con hasta 20 años de prisión. Cuando la agresión se cometa en contra de una mujer por razones de género, la pena podrá aumentarse hasta en dos terceras partes, alcanzando una condena máxima de 33 años y cuatro meses de prisión.
En ambos casos, la persecución será de oficio y las autoridades deberán dictar de inmediato medidas de protección y ordenar atención médica y psicosocial urgente, con traslado a unidades especializadas cuando sea necesario. El Ministerio Público aplicará protocolos con perspectiva de género y preservará indicios químicos para la investigación.
La iniciativa también propone incorporar la definición de violencia ácida o química dentro de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, reconociéndola como toda acción u omisión que, por razones de género, utilice ácidos o sustancias corrosivas para causar daño, dolor o sufrimiento.
Las órdenes de protección deberán garantizar, de igual manera, la reintegración educativa y laboral de las víctimas, de forma gratuita, inmediata y efectiva.
La diputada señaló que el Estado de México, junto con la Ciudad de México y Puebla, concentra un alto número de agresiones; tan solo en julio de 2024, la Fundación Carmen Sánchez documentó dos casos en Chimalhuacán e Ixtapaluca.
Por ello, subrayó la parlamentaria, la aprobación de la iniciativa representaría un avance histórico en la protección de las mujeres, al incorporar a la entidad entre las 13 que ya han adoptado la ‘Ley Malena’.