- El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (GPMC) propuso establecer en la Constitución local que la Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial mexiquense forme parte de su estructura.
- La iniciativa recuerda que el 30 de marzo de 2023 se llevó a cabo la instalación y el inicio de operaciones de dicha sala.
Con el propósito de avanzar en el reconocimiento y fortalecimiento de los mecanismos normativos e institucionales de promoción, protección y respeto de los derechos de las comunidades y pueblos originarios, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (GPMC) planteó que la Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial del Estado de México quede reconocida en la Constitución local como parte de su estructura.
La iniciativa —cuya lectura fue omitida en el Pleno— dispone que el ejercicio del Poder Judicial recaerá en un órgano colegiado denominado Tribunal Superior de Justicia, el cual operará en Pleno, Sala Constitucional, Sala de Asuntos Indígenas, Salas Colegiadas y Salas Unitarias Regionales.
Asimismo, establece entre sus atribuciones la de conocer los recursos ordinarios interpuestos contra resoluciones judiciales en las que alguna de las partes se identifique como integrante de un pueblo indígena y se planteen cuestiones propias de su comunidad vinculadas con la tutela de derechos humanos.
También podrá emitir opiniones consultivas en asuntos relacionados con los pueblos y comunidades indígenas al aplicar sus sistemas normativos, a fin de constatar que en el procedimiento respectivo se hayan respetado los principios y derechos humanos tutelados en las constituciones federal y estatal, así como en los tratados y convenciones internacionales celebrados por México en la materia.
De igual forma, podrá proponer al Órgano de Administración Judicial —para su aprobación— protocolos de actuación para el juzgamiento con perspectiva de interculturalidad jurídica, además de conocer y resolver las causas relacionadas con la protección de los derechos de los pueblos indígenas que se susciten por el incumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
Finalmente, la Sala conocerá de las inconformidades relacionadas con el ejercicio del derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos y comunidades indígenas, conforme a lo establecido en las constituciones federal y estatal, así como en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado mexicano. Para tal efecto, podrá recabar las pruebas que estime pertinentes y necesarias.
El documento señala que el 30 de marzo de 2023 se instaló oficialmente la Sala de Asuntos Indígenas, en cumplimiento de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial. En consecuencia, resulta necesaria su armonización con la Constitución local.
Añade que en 2024 esta sala radicó 26 expedientes en materia penal y uno en el ámbito civil, además de emitir una opinión consultiva. En ese periodo resolvió 27 sentencias: dos fueron revocadas, siete confirmadas, ocho modificadas y en 10 se ordenó la reposición del procedimiento por no contar con traductores.