El diputado local de Morena, Octavio Martínez Vargas, respaldó la reforma que aplaza hasta 2028 la elección de jueces y magistrados, al considerar que permitirá construir un proceso más accesible para la ciudadanía y fortalecer los mecanismos para impedir que perfiles vinculados con la delincuencia organizada o la violencia de género accedan a cargos dentro del Poder Judicial.
Durante su intervención en tribuna, el legislador mexiquense defendió la minuta enviada por el Senado de la República y adelantó que el Congreso del Estado de México podría convertirse en una de las primeras legislaturas del país en aprobar las modificaciones constitucionales.
Martínez Vargas sostuvo que el aplazamiento responde a observaciones técnicas planteadas previamente por autoridades electorales, partidos políticos y representantes del Poder Judicial, quienes advirtieron la complejidad que implicaría realizar simultáneamente la elección judicial con los procesos para renovar gubernaturas, congresos locales y el Congreso de la Unión.
“El segundo proceso permitirá contar con una boleta más amigable y un mecanismo mucho más accesible para las y los electores”, señaló.
CRITICA A LA OPOSICIÓN POR RECHAZAR NUEVOS FILTROS
El legislador lamentó que las fuerzas de oposición hayan rechazado discutir a fondo los nuevos mecanismos de evaluación incluidos en la reforma, cuyo propósito es impedir que personas relacionadas con grupos criminales o con antecedentes de violencia de género puedan contender por cargos dentro del Poder Judicial.
Indicó que la creación de comités especializados de evaluación responde precisamente a una demanda que durante años impulsaron sectores de las minorías parlamentarias para fortalecer los controles de elegibilidad.
“Hoy se crea un comité para este efecto y tampoco están de acuerdo”, reprochó.
EDOMÉX PREPARA RENOVACIÓN MASIVA DEL PODER JUDICIAL
Octavio Martínez explicó que, una vez aprobada la reforma, el Congreso mexiquense deberá armonizar la Constitución estatal, el Código Electoral y la Ley Orgánica del Poder Judicial local para adecuarlos al nuevo modelo.
Destacó que la elección de 2028 tendrá un impacto histórico en el Estado de México, ya que se renovarán aproximadamente 400 jueces y juezas, 30 magistradas y magistrados, además de la presidencia del Poder Judicial estatal para un nuevo periodo.
FIN A LOS PRIVILEGIOS Y TOPE SALARIAL
En materia de austeridad, el diputado afirmó que la reforma consolida la política de límites salariales dentro del Poder Judicial y elimina beneficios que calificó como excesivos.
“Ningún integrante del Poder Judicial federal ni estatal debe ganar más que la presidenta de la República o que la titular del Ejecutivo estatal”, sostuvo.
Añadió que también quedaron eliminados los haberes de retiro y otros privilegios que durante años caracterizaron a la estructura judicial.
“EL PODER JUDICIAL ESTÁ EN LAS CALLES”
Al hacer un balance de los cambios impulsados en los últimos años, Martínez Vargas aseguró que actualmente existe una mayor cercanía entre la justicia y la población mediante audiencias públicas, recorridos territoriales y programas como las Caravanas por la Justicia Social.
Mencionó que ya se realizan actividades en municipios como Chalco y Texcoco, mientras que Ecatepec será visitado en los próximos días como parte de esta estrategia.
“Hoy el Poder Judicial está en las calles, explicando, facilitando y protegiendo a niñas, niños, jóvenes y mujeres víctimas. Es mejor lo que hoy tenemos a lo que había”, afirmó.
Finalmente, consideró que, tras concretarse la reforma judicial, uno de los temas prioritarios en la agenda legislativa mexiquense será la revisión y eventual reforma de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.