- El Congreso mexiquense aprobó la reforma impulsada por el diputado Alejandro Castro para que el trabajo del hogar sea valorado en juicios por alimentos, guarda y custodia, compensaciones y liquidación de regímenes patrimoniales.
- Se establece que el trabajo del hogar no remunerado es el conjunto de actividades que se realizan dentro del ámbito doméstico con el propósito de garantizar el bienestar y el funcionamiento diario de las personas que lo integran.
- Las reformas mandatan los criterios para la valoración del trabajo en el hogar y los derechos de las y los descendientes y del concubino o concubina o cónyuge en una separación.
El Pleno de la LXII Legislatura mexiquense aprobó reformas para que el trabajo del hogar sea valorado en juicios por alimentos, guarda y custodia, compensaciones y liquidación de regímenes patrimoniales, con lo cual esta actividad se reconocerá como una auténtica aportación económica.
Con las reformas al Código Civil estatal promovidas por el diputado Alejandro Castro Hernández (PRI) se establece que el trabajo del hogar no remunerado es el conjunto de actividades que se realizan dentro del ámbito doméstico con el propósito de garantizar el bienestar y el funcionamiento diario de las personas que lo integran.
Estas labores abarcan el cuidado de niñas, niños y adolescentes; de personas con discapacidad y de adultas mayores, así como, en general, la atención de la familia y la gestión del hogar. Además, los alimentos y la adquisición de bienes durante el matrimonio se consideran aportaciones económicas para el sostenimiento del hogar, equivalentes a la aportación económica del otro cónyuge.
En este sentido, el dictamen de la reforma, elaborado por las comisiones de Procuración y Administración de Justicia, así como de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, mandatan que los criterios para la valoración del trabajo del hogar serán: el tiempo dedicado a las labores domésticas y de cuidado; el costo de servicios domésticos y de cuidado equivalentes en el mercado; la renuncia, limitación o afectación en el desarrollo de oportunidades laborales, profesionales o académicas derivada de la realización de estas actividades; y las responsabilidades asumidas en el cuidado y desarrollo integral de los miembros de la familia, particularmente hijos, hijas y personas dependientes.
Respecto a la separación de bienes, el documento —expuesto en sesión deliberante por el proponente— señala que, para efectos de divorcio, cuando alguno de los cónyuges haya realizado preponderantemente trabajo del hogar no remunerado, consistente en tareas de administración, dirección, atención del mismo o cuidado de la familia, de manera cotidiana o tenga desproporcionalmente menos bienes que el otro cónyuge, tendrá derecho a la repartición de los bienes adquiridos durante el matrimonio de por lo menos el 40 y hasta por el 50 por ciento, con base en los principios de equidad y proporcionalidad, independientemente del porcentaje de dedicación a actividades económicas externas.
También que tienen derecho a recibir alimentos las y los hijos menores de edad o mayores de edad que se dediquen al estudio, las personas discapacitadas, las personas adultas mayores, cualquiera de los cónyuges o de los concubinos que se haya dedicado preponderantemente al trabajo del hogar no remunerado en los términos referidos, o se encuentre imposibilitado física o mentalmente para trabajar, previa acreditación con la documentación idónea expedida por una institución pública de salud.
Así como que el concubino o concubina o cónyuge que carezca de bienes y que se haya dedicado preponderantemente al trabajo del hogar no remunerado tendrá derecho a alimentos, mismo que no será inferior al 40 por ciento del total del sueldo, hasta que los hijos cumplan la mayoría de edad o que se dediquen al estudio. En tanto que, si no hubo descendientes, tendrá derecho al 30 por ciento del total del sueldo, por el tiempo que haya durado el concubinato o matrimonio.
Tras agradecer el respaldo a su propuesta, Alejandro Castro puntualizó que la reforma representa mucho más que una reforma legal, pues, aseguró, se trata de un acto de justicia social a una realidad que durante años ha permanecido invisibilizada para las mujeres mexiquenses: la remuneración del trabajo doméstico y de cuidado.