
- En el Congreso local, el Grupo Parlamentario del PVEM planteó expedir la Ley de Soberanía Alimentaria y Sostenible del Estado de México y Municipios para garantizar el derecho a una alimentación suficiente, nutritiva y sostenible.
- La diputada Vanessa Linares (PVEM) señaló que la nueva ley garantizaría que la población tenga acceso a una alimentación adecuada en todo momento, mediante la disponibilidad física y económica de productos inocuos y suficientes para satisfacer sus necesidades.
El Grupo Parlamentario del PVEM planteó expedir la Ley de Soberanía Alimentaria y Sostenible del Estado de México y Municipios, con el propósito de garantizar el derecho a una alimentación suficiente, nutritiva y sostenible mediante comedores comunitarios, productos frescos en las canastas alimentarias, compras públicas a personas productoras locales —con al menos el 15 por ciento de las adquisiciones—, reservas de semillas y granos, huertos comunitarios, incentivos a bancos de alimentos y la creación de un consejo intersectorial que coordine estas acciones.
En la presentación de la propuesta ante el Pleno del Congreso mexiquense, la diputada Gloria Vanessa Linares Zetina (PVEM) señaló que la iniciativa permitiría garantizar la soberanía alimentaria de la población, al referir que más de 3 millones de mexiquenses carecen de acceso a una alimentación nutritiva y de calidad.
Añadió que alcanzar dicha soberanía requiere eliminar a las personas intermediarias que reducen las ganancias de quienes trabajan el campo, así como generar condiciones para que puedan comercializar sus cosechas a precios justos y obtener mejores oportunidades para desarrollar su actividad.
El proyecto legislativo suscrito por la bancada del PVEM, coordinada por el parlamentario José Alberto Couttolenc Buentello, establece, entre otros objetivos, garantizar el derecho de todas las personas a una alimentación adecuada en todo momento, con acceso físico y económico a productos inocuos, nutritivos y suficientes para satisfacer sus necesidades.
Por otra parte, señala que las autoridades estatales y municipales adoptarán medidas para garantizar este derecho sin discriminación, reconociendo la diversidad biocultural, territorial, social y alimentaria de los municipios y las regiones, de acuerdo con sus respectivas competencias y los recursos disponibles.
El ordenamiento determinaría las atribuciones de las autoridades y los mecanismos de coordinación para implementar, dar seguimiento y evaluar las políticas públicas en esta materia.
Entre sus disposiciones, contempla que el Poder Ejecutivo estatal, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal y los sistemas municipales, promueva el establecimiento y la operación de comedores comunitarios en las localidades que lo requieran, con prioridad en aquellas que registren mayores indicadores de pobreza, vulnerabilidad social o inseguridad alimentaria. Estos espacios deberán proporcionar alimentos suficientes, inocuos, nutritivos y culturalmente adecuados, sujetos a criterios sanitarios, supervisión, evaluación y disponibilidad presupuestaria.
En materia de apoyos alimentarios, establece que la Secretaría de Bienestar, en coordinación con los sistemas DIF estatal y municipales, diseñe, implemente, monitoree y evalúe los programas correspondientes.
También dispone que las canastas o paquetes alimentarios contemplen entregas periódicas, diversidad de productos, preferencia por alimentos frescos y no ultraprocesados, así como contenidos diferenciados de acuerdo con la edad y las necesidades de las personas destinatarias. Además, su entrega no podrá condicionarse a afiliaciones políticas, religiosas o de cualquier otra naturaleza.
Igualmente, promueve que las dependencias y entidades de la administración pública estatal, así como los municipios y sus órganos desconcentrados, destinen al menos 15 por ciento de sus adquisiciones anuales de alimentos e insumos primarios para consumo humano a compras directas a personas productoras locales y regionales de pequeña y mediana escala, cooperativas, asociaciones del sector social y mujeres productoras que participen en esquemas agroalimentarios sostenibles.
El proyecto señala que estas adquisiciones podrán destinarse prioritariamente a comedores comunitarios, programas de asistencia alimentaria, centros de atención a niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores, hospitales y programas públicos de alimentación escolar, cuando exista atribución y suficiencia presupuestaria. El cumplimiento del porcentaje mínimo será considerado un criterio de evaluación institucional, mientras que su omisión podrá ser observada por los órganos de fiscalización.
En cuanto a la producción de alimentos, propone promover huertos familiares, escolares, comunitarios y urbanos como instrumentos complementarios para el autoconsumo, el abastecimiento local y la educación nutricional. La Secretaría del Campo, en coordinación con los ayuntamientos y otras autoridades competentes, debería proporcionar apoyo técnico, semillas, herramientas e insumos básicos, además de impulsar prácticas agroecológicas y el uso eficiente del agua.
Indica que el Estado de México tendrá que contar con reservas estratégicas de granos básicos, semillas y otros alimentos esenciales para prevenir y atender situaciones de desabasto, responder a emergencias climáticas o sanitarias, garantizar el suministro en regiones prioritarias y proteger a la población en condiciones de vulnerabilidad.
En materia de aprovechamiento de alimentos, promueve prohibir que establecimientos comerciales, unidades económicas e instituciones públicas desechen productos que no cumplan con los requisitos comerciales, pero que todavía sean aptos para el consumo humano. De igual manera, prevé que supermercados y distribuidores implementen mecanismos para aprovechar estos alimentos en comunidades de alta marginación, mediante protocolos sanitarios, y que el Poder Ejecutivo otorgue incentivos a las organizaciones que participen en su recuperación y distribución.
Para coordinar las acciones en esta materia, el proyecto refiere la creación de un Consejo Intersectorial Estatal, integrado por dependencias como las secretarías General de Gobierno, de Salud, del Campo, de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, de Desarrollo Económico, de Bienestar y de Finanzas, así como por el DIF estatal. Este órgano contará con representantes permanentes del sector social, la sociedad civil, la academia y personas expertas.
Entre sus facultades estarán definir y coordinar la política estatal alimentaria, promover la participación de los sectores público y privado, brindar apoyo técnico a los municipios, evaluar el sistema alimentario y emitir un informe anual con datos abiertos para consulta de la población.
De igual forma, se prevé la instalación de comités de alimentación municipales, como mecanismos de participación social para identificar problemáticas, organizar acciones y vigilar las actuaciones u omisiones de las autoridades que puedan afectar el ejercicio del derecho a la alimentación.
Promueve mecanismos de actuación ante emergencias alimentarias, que incluyen la elaboración de planes de respuesta, inventarios de recursos disponibles, habilitación de puntos de distribución y atención prioritaria a niñas, niños y otros grupos en situación de vulnerabilidad.
Finalmente, establece que será responsabilidad del Poder Ejecutivo instalar el Consejo Intersectorial Estatal dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto correspondiente, además de aprobar su reglamento interno o los lineamientos necesarios para su organización y funcionamiento.
